El camino hacia el cambio de nombres de calles da un paso más, aunque no definitivo. Y es que el Concello ha licitado la instalación de las placas con el nuevo nomenclátor, pero en el mismo presupuesto se incluye también una partida destinada a colocar unos indicadores más pequeños, que irán colocados bajo los nuevos y que mantendrán durante un tiempo indefinido el nombre anterior a la aplicación de la ley de memoria histórica.

El Gobierno local aprobó en solitario, el 7 de septiembre del año pasado, la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad, entre los que se encontraban los nombres de 22 calles de la ciudad -Juan Canalejo, la avenida de Los Caídos y Millán Astray, entre otras- y los títulos honoríficos concedidos durante los años de la dictadura -excepto el de hijo predilecto a Manuel Fraga, que el Ayuntamiento ha decidido conservar por su labor posterior como presidente de la Xunta, aunque el título fuese concedido antes de que se gestase la democracia-.

El Ayuntamiento detalla en el pliego de condiciones que cuenta con un presupuesto de casi 80.000 euros para cambiar las antiguas placas, que han presidido las calles desde su nombramiento, durante la dictadura, por las nuevas.

El alcalde, Javier Losada, ya había anunciado el año pasado que le parecía una buena idea que conviviesen los dos nombres en las paredes de la ciudad hasta que los coruñeses se habituasen a la nueva nomenclatura. Una solución que adoptaron ya otras ciudades españolas para aplicar la ley de memoria histórica como paso intermedio antes del destierro de los vestigios franquistas.

El Ayuntamiento especifica cuatro tipos de placas en el pliego de condiciones de la licitación del proyecto: la primera, que costará 242 euros, es una placa en banderola de aluminio lacado y rotulada por los dos lados, que incluye el escudo del Concello serigrafiado en color y que mide 50 por 30 centímetros; otra, que complementa a la anterior, de 50 por 15 centímetros, costará 32 euros y llevará el antiguo nombre de la calle; y otro par de indicadores, con las mismas medidas, pero de fijar en la pared; sus precios: 58 euros la placa del nombre nuevo y 30 euros la del antiguo.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica había propuesto, mediante su representante, Manuel Monge, -que formó parte de la comisión de expertos para la aplicación de la ley- que se ampliase la lista de nombres de calles que era preciso cambiar para restituir la memoria de los que perdieron la vida por la sublevación militar de 1936. La ley de memoria histórica entró en vigor a finales de 2007, pero A Coruña no decidió unirse hasta dos años después, cuando el Gobierno local consiguió ponerse de acuerdo para, entre otras cosas, retirar la estatua de la plaza de Millán Astray. La Xunta empezó un poco antes, cuando cambió el nombre del hospital de la ciudad, que pasó a ser Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, en lugar de Juan Canalejo.