La reordenación establecida en la plaza del General Cánovas Lacruz es rechazada por los vecinos de la Ciudad Vieja, quienes denuncian la reserva del lateral del Palacio de Capitanía como aparcamiento exclusivo del personal civil del Ministerio de Defensa. La presidenta del colectivo vecinal del barrio, Rosa Quiroga, rechaza esta iniciativa porque en su opinión supone una "privatización" de un espacio público en beneficio de un grupo de trabajadores.
Los militares que prestan servicio en el cuartel general de la Fuerza Logística Operativa disponen de plazas de aparcamiento en el interior del Palacio de Capitanía, pero los funcionarios civiles que trabajan en el mismo edificio deben estacionar en el exterior. El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos días una nueva regulación del estacionamiento en la plaza de Cánovas Lacruz mediante la que se adjudica en exclusiva a este personal el espacio situado junto al recinto militar, al tiempo que se prohíbe el aparcamiento en la zona central, tradicionalmente ocupada por numerosos vehículos.
La nueva organización de la plaza es calificada de correcta por Rosa Quiroga porque deja un mayor espacio para la circulación entre el paseo de O Parrote y la plaza de la Constitución, a lo que se suma que la pérdida de plazas de estacionamiento no es importante. Pero la reserva de una parte del lugar para los funcionarios recibe la crítica de la dirigente vecinal, que recuerda que los empleados del hospital Abente y Lago o del hotel Finisterre también podrían reclamar una zona de aparcamiento privado.
Los trabajadores del edificio sanitario de la Ciudad Vieja llevaron a cabo protestas públicas en los últimos meses en demanda de un aparcamiento en el que estacionar sus vehículos, ya que la escasez de espacio en este barrio les causa dificultades para desplazarse a sus puestos de trabajo.
Quiroga recuerda además que el pavimento de la plaza está muy deteriorado por el paso de camiones de gran tonelaje y que durante la reforma efectuada por el Ayuntamiento en este lugar no se retiró la isleta que fue colocada en el año 2002 para situar el mecanismo que debía regular la peatonalización del barrio y que nunca llegó a entrar en funcionamiento.
La presidenta de la asociación considera que ese elemento es "un estorbo" para la circulación que debe ser suprimido. Los seis bolardos que situó el Ayuntamiento hace ocho años en diferentes accesos de la Ciudad Vieja fueron objeto de una polémica entre el Gobierno local y la oposición tras la decisión de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea de exigir al Ayuntamiento que devolviese los 193.000 euros concedidos para su instalación. La medida fue adoptada tras descubrir el organismo comunitario mediante una denuncia ciudadana que los bolardos no habían sido utilizados, por lo que los concejales del Partido Popular criticaron duramente al Ejecutivo municipal por lo que consideraron una malversación de los fondos públicos.
