El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Ayuntamiento a pagar ocho millones de euros a propietarios a los que expropió unos terrenos de Someso para construir un campo de fútbol y que nunca llegó a usar para ese fin, sino que los incluyó en el ámbito de la urbanización de viviendas y área comercial del recinto ferial. Los dueños de las fincas reclamaron al Gobierno local en 2004 por la modificación del plan, pero el Ayuntamiento negó las expropiaciones que realizó en 1989 y se inició un proceso judicial que concluyó con la sentencia que condena a la administración.
El alto órgano judicial gallego resolvió los recursos de cinco afectados, pero todavía hay perjudicados pendientes de que los jueces determinen sus indemnizaciones, lo que podría hacer incrementar la deuda del Concello hasta 15 o 18 millones. El Gobierno municipal debe 89.712 euros de intereses y cada día que pasa sin cumplir la sentencia la cifra aumenta en 712 euros.
El Ejecutivo local alegó hace seis años que había obtenido los terrenos a través de un proceso de compra venta "libre y voluntario", por lo que los perjudicados no tendrían derecho a ser indemnizados. "La celebración de un convenio expropiatorio implica una subordinación del derecho de propiedad al cumplimiento de un interés público, por lo que si desaparece la causa o utilidad pública que justificó la celebración del convenio, ha de quedar también extinguido el efecto y roto el nudo que ataba los derechos contrapuestos de las partes, por lo que se deberán revertir los bienes a su propietario original", argumenta el alto tribunal gallego en la sentencia.
El Superior concluye que el Ayuntamiento expropió los terrenos porque el expediente administrativo remitido por el Concello no permite "conocer plenamente el camino seguido por la administración en su adquisición". El tribunal destaca que en el informe "ni siquiera" consta un contrato de compra venta. "Parece razonable que esta ausencia no deba favorecer la interpretación de quien con ello causa una cierta oscuridad", subraya.
Los jueces recalcan que en uno de los folios del informe el Concello comunica a una de las afectadas y a su marido la necesidad de adquirir los terrenos ubicados en la parroquia de Elviña para construir un campo de fútbol para la Sociedad Deportiva Relámpago. "En la redacción de este documento, que fue redactado por personal de la entidad municipal, se desprende con nitidez que es el Ayuntamiento quien toma la iniciativa de adquirir los terrenos y ello es debido a una necesidad de construcción de un campo de fútbol", asegura el alto tribunal gallego, quien considera probado la existencia de "actuaciones explícitamente expropiatorias". La sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo del Superior indica que le corresponde al Concello acreditar que existió un proceso de compra venta.
El tribunal emitió en el mes de septiembre cinco autos que fueron desvelados ayer por el Partido Popular en los que exige al Ayuntamiento que pague ocho millones de euros a cinco propietarios de las parcelas. Los jueces, además, imponen al Concello el pago de intereses desde el mes de mayo, por lo que en la actualidad a los ocho millones de euros hay que sumar 89.712 euros de intereses. Cada día que pase sin que el Ejecutivo municipal acate la sentencia deberá abonar 712 euros.
La sala también advierte al Ejecutivo local de su obligación de hacer efectivo el pago. "El órgano de la administración pública que infrinja su deber fundamental de ejecutar lo dispuesto en sentencia firme podrá incurrir en responsabilidad civil e incluso criminal, responsabilidad patrimonial exigible tanto en el supuesto de incumplimiento total como en los de incumplimiento defectuoso o con demora negligente", subrayan los magistrados de la sección tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior.
Los jueces indican que el Ejecutivo municipal deberá abonar la deuda con cargo a los presupuestos. "Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación judicial", aseguran en el fallo, que fue emitido el pasado 30 de septiembre.
El Partido Popular sostiene que el alto tribunal gallego aún tiene pendientes varios autos, ya que cada afectado denunció al Concello de forma individual. Las indemnizaciones, según los populares, podría incrementar hasta 15 o 18 millones de euros. El grupo municipal afirma que hay propietarios de parcelas que fueron expropiados que no reclamaron al Ayuntamiento y que aún estarían a tiempo de comenzar un litigio que previsiblemente terminaría con una condena a la administración.
La transformación del uso de unos terrenos expropiados inicialmente para la construcción de un campo de fútbol y que después se destinaron a viviendas y un centro comercial fue justificada ayer por la concejal de Urbanismo como una apuesta por "anteponer el interés general" para desarrollar las infraestructuras de Someso y "mejorar la calidad de vida en la zona". Para el PP, que ayer desveló los autos judiciales, esta actuación constituye una "nueva chapuza" del alcalde, Javier Losada, a quien responsabiliza del coste que tendrá para las arcas públicas, puesto que en 2004 fue el responsable municipal de Urbanismo que desestimó la solicitud de reversión de los terrenos solicitada por los antiguos propietarios.
Taboadela recordó ayer que todo el proceso administrativo que permitió levantar el polígono de Someso contó con la aprobación de la Xunta gobernada por el PP, ya que fue incluido en el plan general de la ciudad de 1998, cuya entrada en vigor precisaba del respaldo de la administración autonómica. La responsable de Urbanismo comparó además el cambio efectuado en esta zona con el realizado en el parque ofimático, que de zona empresarial pasó a convertirse en polígono residencial, por lo que acusó al PP de criticar al Gobierno local en busca de "réditos electorales".
El portavoz popular, Carlos Negreira, estima que lo que denomina como "caso Relámpago" revela que Javier Losada autorizó una "actuación urbanística irregular" y que ahora fue revocada por una sentencia judicial. Para el líder de la oposición municipal, el alcalde ha conseguido "el triste récord de que los coruñeses no crean ninguna de sus promesas y de que los tribunales desconfíen de su gestión".
