De oficinas, pistas de tenis, campo de minigolf y un estanque a una macrourbanización de más de 2.000 viviendas. En veinte años, el parque ofimático ha pasado de ser un proyecto de polígono empresarial de tecnología punta a un futuro barrio marcado por una operación inmobiliaria que ha acabado con una condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la Xunta por recalificar las fincas una vez expropiadas.

La primera maqueta del ofimático es de 1992. El diseño inicial que presentó el Instituto Galego da Vivenda e Solo no se parece en nada a la propuesta actual. La intención era construir un polígono de eminente carácter terciario, con una torre de oficinas de veinte alturas como buque insignia, rodeado de un complejo casi bucólico: estanque, teatro, hotel, gimnasio, minigolf, pistas de tenis... Ahora, el verdadero emblema del ofimático será el uso residencial. Se prevé construir un máximo de 2.342 viviendas, de las que alrededor de 1.200 serán de protección autonómica.

La propuesta actual supone multiplicar por cinco la previsión de pisos de hace 18 años, de la primera maqueta. El nuevo diseño apuesta por la vivienda, pero la situación ha variado, pues la burbuja inmobiliaria se ha desinflado y con ella la pujanza del sector del ladrillo.

Uno de los momentos claves del cambio en el proyecto se produjo en el pleno municipal de septiembre de 2001, cuando PSOE y Partido Popular aprobaron de forma definitiva -con el voto en contra del BNG- el plan parcial del ofimático, lo que facilitó al Gobierno gallego variar su estrategia. Aunque su uso todavía aparecía como terciario, el que iba a ser un vivero empresarial de tecnología punta sufrió la estocada definitiva.

El parque ofimático redujo a la cuarta parte el espacio de oficinas. De los concejales de aquella corporación que sacaron adelante con sus votos el plan parcial sólo queda en María Pita la vieja guardia del PSOE, entre los que están el ahora alcalde, Javier Losada, y el entonces concejal de Urbanismo y actual presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda. Fue este último el encargado de defender el nuevo proyecto.

Moreda admitió en el pleno que era un plan "atípico" porque combinaba oficinas y pisos, pero matizó que las viviendas se venderían a precios "asequibles". "La Xunta se dio cuenta de que la idea inicial era inviable", añadió el concejal. Los socialistas tuvieron el apoyo del PP -en 2001, Manuel Fraga era presidente de la Xunta-. Su portavoz municipal era Antonio Erias, en la actualidad diputado en el Congreso: "Es un diseño innovador que se ajusta a la trama urbana. Esto es calidad de vida".

Los expropiados molestos con la recalificación llevaron su caso ante los tribunales. Al principio, sufrieron serios reveses, hasta que los afectados localizaron un documento en el que se demostraba que la Xunta les obligó a vender sus fincas. En 2007, por ejemplo, el Superior rechazó sus demandas. La Xunta -gobernada por el bipartito- defendió que había sido un proceso de compraventa.