"El Gobierno no está para tomar decisiones que puedo tomar yo", afirma la profesora de Física Fernanda Miguélez sobre la decisión de reducir de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas. Esta experta en movilidad, que forma parte del grupo de transporte del Congreso Nacional de Medio Ambiente, destaca que cualquier conductor puede decidir por su cuenta ahorrar energía circulando a una velocidad más baja, pero que, sin embargo, no puede modificar situaciones como la inexistencia de una línea de autobús que llegue a su casa, por lo que considera que la medida gubernamental "va a afectar muy poco al ciudadano y mucho al transporte".

Para Miguélez, la iniciativa es una "estupidez", puesto que las personas que circulan de forma habitual por las vías rápidas lo hacen a velocidades superiores a las permitidas porque saben dónde están los radares, de forma que estima que sólo los conductores muy concienciados cumplirán la nueva normativa. Un ejemplo de la falta de implicación de los ciudadanos en estas políticas lo sitúa en la Costa Azul, donde el grave problema de contaminación atmosférica que se padece lleva a las autoridades a aconsejar que se circule a un máximo de 80 kilómetros por hora, aunque casi todos los conductores superan ese límite.

La profesora afirma que el transporte es el área del consumo energético en la que se puede intervenir de un modo más decisivo y en especial en los recorridos urbanos, ya que en los largos es más difícil intervenir, aunque señala que el principal problema que se padece en España es "la falta absoluta de planificación, la improvisación permanente y la falta de criterio sobre el tipo de movilidad que se quiere para los ciudadanos". La iniciativa del Gobierno es, según Miguélez, una "medida sacada de la manga que no parece muy vendible como estrategia nacional", frente a la que propone "planificar e invertir".

En su opinión, no es posible defender la baratura del transporte público "cuando cuesta prácticamente lo mismo que el uso del coche", ya que ante esas dos opciones los ciudadanos se decantan por el vehículo privado porque en España no es posible llegar sin él a múltiples destinos habituales, especialmente en Galicia, por lo que se muestra partidaria de proporcionar una estructura adecuada a los trayectos que se efectúan a diario.

Miguélez sugiere medidas como la fidelización del usuario del transporte publico mediante una tarjeta con la que pudiera subir al autobús cuantas veces quisiera en un día sin tener que pagar en cada una de ellas y califica la que se emplea en A Coruña como un "castigo" debido a que sólo es posible recargarla en las oficinas de Caixa Galicia por las mañanas y en días laborables, mientras que si se estropea hay que esperar una cola de dos horas por una nueva.

También propone esta experta políticas de captación de los jóvenes hacia el transporte público, ya que recuerda que serán "los usuarios del mañana" y que si con 18 se desplazan a la Universidad en coche, cuando cumplan los 20 ya no abandonarán el vehículo privado. Otra de sus propuestas es la prohibición de la venta de automóviles de gran potencia o la aplicación de impuestos muy elevados a su adquisición para reducir su impacto ambiental y energético.

Como una muestra de la disonancia entre lo que plantean las administraciones y la realidad cotidiana, recuerda que Galicia es una comunidad exportadora de energía eléctrica pero que sin embargo carece de tramos de ferrocarril con vías electrificadas, uno de los medios de transporte que favorecen el ahorro energético.

En cuanto a otras formas de consumo en las que se pueden aplicar políticas de ahorro, Miguélez menciona el calentamiento de agua sanitaria, ya que advierte que las administraciones calientan sus piscinas "de forma muy poco eficiente", al no emplear placas solares o paneles termodinámicos. "A la fuerza ahorcan", comenta la profesora acerca de la influencia de la crisis de los países árabes sobre la conciencia de los gobiernos en torno al ahorro energético, por lo que piensa que en algún momento "alguien tendrá que establecer un criterio para que la gente se mueva de forma más eficiente y barata".