La desaparición de los partidos judiciales que plantea el anteproyecto de ley de reforma del Poder Judicial suscita reticencias en los diferentes sectores de la comunidad jurídica, que alertan sobre los efectos negativos de la supresión de los juzgados en las localidades de la provincia para concentrarlos en la capital. Para María Teresa Cortizas, jueza decana de A Coruña, es necesario "tener en cuenta que las particularidades de Galicia difieren de las de otras comunidades". En su opinión, los partidos judiciales de Santiago, Vigo y Ferrol "deberían mantenerse", aunque la reforma solo prevé que allí puedan existir lo que se denomina como "sedes desplazadas".

"A Coruña saldría beneficiada, pero a costa de otras poblaciones en las que los abogados saldrían perjudicados", advierte Augusto Pérez-Cepeda, decano en funciones del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, quien considera que los letrados de localidades en las que no exista ni una sede desplazada saldrán gravemente lesionados en sus intereses, ya que se verían obligados a continuos traslados a la capital provincial que posiblemente les forzarían a incrementar sus honorarios.

"A poblaciones pequeñas como Carballo o Betanzos las machaca, ya que el juzgado es una fuente de riqueza", alerta Pérez-Cepeda, quien expresa su confianza en que Santiago y Ferrol dispondrán de una sede desplazada, aspecto que deberá decidir la Xunta en el plazo de un año a partir de la aprobación de la ley. Para el decano de los abogados, A Coruña saldrá favorecida con esta reforma, ya que la Audiencia Provincial será sustituida por el Tribunal Provincial, que se mantendrá en la ciudad, donde en teoría se trasladarían además los juzgados de los partidos judiciales, aunque advierte de que la ley todavía no es más que un anteproyecto que puede experimentar muchas variaciones y que existen "incógnitas" sobre la reforma, ya que se desconoce cómo se organizará el nuevo sistema territorial y con qué presupuesto contará.

"El problema de la Justicia no está en haya un órgano jurisdiccional provincial, sino en la modernización de todos los demás elementos", opina Fernando Nieto, presidente de la Asociación Libre de Avogados de Galicia, quien estima que este cambio "no es beneficioso para las poblaciones pequeñas". En su opinión, lo necesario en este momento es la dotación de un mayor número de jueces y en cuanto a la concentración de la actividad judicial en A Coruña advierte de que cualquier cosa "puede colapsar la Justicia, porque es muy inestable y se ha reformado muy poco", para lo que recuerda los efectos negativos de la reciente Ley de Tasas.

Tanto CCOO como UGT muestran su rechazo a la iniciativa de Gallardón. "Es una auténtica aberración. No tiene nombre. Es una salvajada impresionante", indica el portavoz de UGT Justicia, Sergio Riveros, al tiempo que destaca que el anteproyecto es "una hoja en blanco sobre lo que el Gobierno puede hacer lo que le dé la gana". El representante sindical advierte de que la propuesta del ministro alejará a la Justicia de los ciudadanos. "Va a condenar a las zonas rurales al olvido", asegura. El portavoz de Justicia de CCOO, Jorge Suárez, sostiene que si se lleva a cabo el anteproyecto de ley se suprimirán empleos en A Coruña, al tiempo que coincide con Riveros en que la Justicia se alejará "cada vez más" de los ciudadanos. "Tendría que buscarse sitio en A Coruña para 500 trabajadores y no lo hay", señala.