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Miguel Lorenzo es mencionado en una de las grabaciones ordenadas por Pilar de Lara para investigar los contratos del grupo Vendex con algunos ayuntamientos gallegos, entre ellos el de A Coruña. Es una asesora del departamento de Cultura quien, en el mes de marzo de 2012, comenta en una conversación telefónica con José María Tutor, delegado en Galicia de Vendex, que el concejal de Servicios Sociales ha recomendado a una mujer para un puesto de trabajo en el centro cultural Ágora.

Aunque se desconoce por ahora el contenido del informe que requiere la juez instructora a Aduanas y el Concello, consultado ayer por este periódico, señala también que lo ignora, es probable que sean estas supuestas vinculaciones de Lorenzo con Vendex las que indaga De Lara, dado que ese documento pedido se trata de una ampliación a un atestado del pasado 26 de diciembre, fecha en que la magistrada imputó a los ediles y a los empleados municipales los posibles delitos de cohecho, fraude, prevaricación, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Lorenzo admite que esa mujer que en efecto fue contratada para un empleo en el Ágora es una amiga suya, pero recalca que ?nunca? le pidió nada a Tutor ?a quien admite conocer pero no lo considera un amigo? ni el delegado de Vendex le solicitó la incorporación de una persona a un trabajo. El edil del PP se desmarca además de las funciones de contratación dentro del Gobierno local, por lo que insiste en que no ha incurrido en ?ningún delito de tráfico de influencias?.

La defensa que hizo Lorenzo de sus actuaciones como concejal en una emisora fue repetida ayer por su compañera y responsable del área de Tráfico, Begoña Freire, quien afirmó que no se ha producido ?nada nuevo? relacionado con el caso y que Lorenzo no está ?ni acusado ni imputado?. El alcalde, Carlos Negreira, declinó pronunciarse sobre su concejal en un acto celebrado por la tarde pese a la insistencia de los periodistas por conocer su opinión sobre la petición de la juez.

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El grupo municipal de Esquerda Unida-Os Verdes se apoyó ayer en las conexiones de Miguel Lorenzo con el caso de presunta corrupción para cuestionar la legitimidad de las relaciones de amistad que mantienen los cargos públicos. ?Es censurable que el concejal de Servicios Sociales defienda su amistad con Tutor, teniendo en cuenta todo lo que hay en las grabaciones que queda registrado como delictivo?, apunta en un comunicado el portavoz de EU, César Santiso, quien cuestiona también las vinculaciones con directivos de concesionarias de servicios públicos.