El Estado ha anunciado que cambiará su interpretación de la ley que anula las ayudas concedidas a los compradores de vivienda protegida. Esta decisión la toma después de que varias sentencias -hasta ocho dictadas en A Coruña- obliguen, sin posibilidad de recursos, a mantener el plan de subvenciones concedidas a los demandantes.

El Ministerio de Fomento ha informado al diputado del Grupo Izquierda Plural (GIP) Chesús Yuste Cabello de que "en los próximos días" las comunidades autónomas recibirán una comunicación sobre el cambio de interpretación y sobre "los pasos a seguir" en los diferentes casos. Y es que, aunque los fondos que financiaban estas ayudas procedían del Estado, eran los gobiernos autonómicos los encargados de conceder las ayudas y de adelantar el dinero a sus beneficiarios.

El barrio más afectado en la ciudad por la eliminación de estas aportaciones es el de Novo Mesoiro -con unos 300 perjudicados- y algunos de sus vecinos formaron una plataforma para reivindicar lo que, para ellos, era un derecho adquirido al mismo tiempo que su hogar. Uno de los miembros de esta plataforma, Xosé Aller, asegura que, tras esta decisión, los afectados están "contentos", aunque no se han cumplido todavía todos sus objetivos.

"Es un cambio de interpretación, pero no se elimina la ley", explica Aller. Eso implica que no todos los afectados se verán beneficiados por este cambio, ya que algunos de ellos se quedan fuera de las ayudas. Es el caso, por ejemplo, de aquellos a los que les toca renovar su plan de subvención este mes, ya que, como la ley -que se acordó en 2012- no se cambia, las ayudas serían denegadas. Entonces, el Gobierno, formado por el Partido Popular, decidió que estos planes de ayudas ya no eran necesarios porque entendía que, con la bajada de los tipos de interés que se aplican a los créditos hipotecarios, la eliminación de las ayudas se veía "notablemente compensada".

El objetivo de la plataforma ahora es que todos los afectados tengan los mismos derechos. Su propuesta a la Xunta será que abra un plazo de seis meses para que puedan solicitar la renovación de sus ayudas y realizar los trámites necesarios para que se las concedan de nuevo a todos aquellos que puedan acceder a ellas.

Los miembros de la plataforma mantendrán una reunión con la Xunta "próximamente" para plantearle también la posibilidad de retirar todas las denuncias en su contra de los afectados anteriores a julio de 2013, cuando se eliminaron todas las ayudas para, de ese modo, evitar más procesos judiciales. Los demás procesos, sin embargo, seguirían adelante, ya que los perjudicados entienden que las subvenciones les pertenecen, a pesar de que hubiesen sido retiradas. Entre ellos el que intenta que se declare la ley anticonstitucional.

Cada uno de los afectados recibía una aportación de entre 80 y cien euros cada mes -dependiendo del plan al que perteneciesen, ya que había varios-. Aller asegura que, a pesar de haber perdido esta subvención, la Administración no les ha liberado de ninguna de las cargas de haber adquirido una vivienda de precio protegido, como el hecho de no poder venderla ni alquilarla a terceros durante varios años o el no tener la posibilidad de renegociar la hipoteca ni siquiera de amortizarla, en caso de poder hacerlo.

"No parece mucho dinero, pero para un mileurista es casi un sueldo o algo más, que le daba para un respiro y que, al no tenerlo, sí que se nota. Además, ahora hay mucha gente en el paro", explicó Aller a este diario y lamentaba que no se tuviese en cuenta la situación económica de los afectados.Ya en el mes de mayo, cuando este diario publicó las dos sentencias condenatorias a la Xunta, la plataforma aseguraba que había edificios sin contadores de luz y deshabitados. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre los gastos en los hogares de A Coruña, cada familia se gasta de media algo más de 500 euros al mes sólo en hacer frente a las letras de la hipoteca.

"Los vecinos de Novo Mesoiro lucharon por lo que era justo y ahora el Gobierno tiene que rectificar, lo peor que se puede hacer ante una injusticia es permanecer impasible y quedarse callado. Esta es una nueva demostración de que unidos podemos", comentó ayer el portavoz de Esquerda Unida- Os Verdes, César Santiso.