Los dos principales imputados en la trama de fraude de subvenciones, los empresarios coruñeses Eliseo Calviño y Gerardo Crespo, tenían, hasta que la Justicia comenzó a investigarlos, a finales de 2011, las puertas abiertas en todas las Administraciones, sobre todo de la Xunta y el Estado. Crespo llegó a ser recibido por Rajoy en la Moncloa y asistía a todos los eventos que se preciasen en la ciudad, donde se le podía ver rodeado de los políticos que están al frente de las Administraciones de las que recibía las ayudas públicas que, presuntamente, incorporó a su patrimonio y al de sus colaboradores. La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, acudió en 2009 a la Asociación de Vecinos de El Ensanche, dirigida por Crespo, a recibir el galardón que la distinguía como Coruñesa del Año. Su departamento, según consta en el sumario, le concedió a entidades dirigidas por el imputado doce millones de euros entre 2008 y 2012.

El dinero público que ingresaron las asociaciones durante los años a los que se ciñe la instrucción, según la Policía Judicial, asciende a veinte millones de euros, de los que la mayoría, quince, procedían de la Xunta. Una de las entidades que más subvenciones recibía, según consta en el sumario, era la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), que se creó en 2001 con el objetivo de "mejorar las condiciones del trabajador autónomo". El colectivo, que estaba dirigido por Eliseo Calviño, tenía como secretario a otro imputado en la presunta organización: Francisco Javier Pérez Bello, dirigente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga).

"Para esta instrucción queda acreditado la nula actividad asociativa de esta organización a lo largo del tiempo y el verdadero propósito de la misma, estar a la caza de la subvención pública", subrayan los agentes en el sumario, al tiempo que recalcan que Caype, que carecía de actividad y de socios, entre 2008 y 2012 recibió cinco millones de euros del Estado.

Las conversaciones que mantienen los imputados, así como las pruebas documentales y las declaraciones, como testigos, de dos trabajadoras de Calviño, revelan que el Gobierno central "se fiaba de lo que decían las asociaciones", por lo que no comprobaba las acreditaciones de afiliados ni de sus sedes. La falta de control de la Administración, según la Policía Judicial, "facilitó que una asociación sin actividad ni representatividad real pudiera formar parte de las asociaciones más representativas de España, y ser receptora de cuantiosas subvenciones, que en importante cuantía serían destinadas a usos privativos".

La investigación concluye que Caype compró listas de autónomos y que pagaba a academias de toda España para que figurasen como sus sedes para cumplir los requisitos exigidos por el Ejecutivo central y optar a ayudas públicas millonarias. Los imputados, según el 091, contactaban con empleados de las academias que figuraban como sedes para que firmasen contratos de uno o dos meses y, de esta forma, poder justificar que contaban con trabajadores. Calviño, siempre según las conclusiones del 091, tan solo abonó las nóminas vía transferencia a aquellas personas que "se las reclamaban con insistencia". Las esposas de Calviño y Crespo formaron parte, en 2010, de la constitución de Caype Galicia. En 2011, con una nueva ley ya en vigor, el Ministerio de Trabajo se percató de que Caype carecía de afiliados, por lo que se quedó sin opción de ser beneficiaria de cuantiosas subvenciones. Calviño llegó a enviar una carta al Gobierno en la que intentaba justificar que contaba con socios. "Se nos niega y se nos deja, como queda dicho, a esta gran organización en precario", escribió en la misiva a sabiendas de que, tal y como declaró una de sus trabajadoras, "era todo una farsa".

Los años de "apogeo" de la confederación de autónomos fueron 2008 y 2009, cuando recibía millones de las arcas públicas. La asociación, que carecía de actividad, subcontrataba a empresas de Crespo para que ejecutasen los cursos. Los dos imputados, según comprobó la policía, se repartían las subvenciones y las acciones formativas por las que pagaban las Administraciones no se ejecutaban y, cuando se llevaban a cabo, se hacían con muchos menos medios de los exigidos. Con el objetivo de justificar gastos, según las conclusiones de los investigadores, las empresas de Crespo y algunas de Calviño emitían facturas "infladas o falsas". Así, por el alquiler de quince ordenadores, por ejemplo, la entidad pagó 4.524 euros.

La mujer del presidente de Caype cobraba por impartir cursos de manipuladora de alimentos, a veces, a distancia, por los que se embolsó 26.675 euros, procedentes, presuntamente, de las subvenciones. La esposa de Calviño percibía, según el sumario, "diez veces más" del salario habitual que los profesores que daban estas clases. "Para esta instrucción resulta evidente que múltiples de los conceptos de las facturas emitidas por la mujer de Calviño son falsos. Todo estaba destinado a lucrar, de manera gratuita a su mujer y a él mismo, en claro fraude a la finalidad de la subvención", aseveran los agentes, quienes también consideran probado que el secretario de Caype, Pérez Bello, recibió en dos años 20.000 euros en concepto de asesoramiento jurídico cuando no ejercía esa función.

El sumario también recoge el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Caype celebrada en mayo de 2008, a la que solo asistieron Calviño y Bello, y en la que acordaron que el presidente, es decir, Calviño, fuese remunerado "con nivel de alta dirección". Después de este encuentro, según constató la Policía Judicial, el empresario comenzó a cobrar 4.500 euros líquidos mensuales; y Bello, 1.515 euros en concepto de asesor jurídico.