Los sectores judiciales de CSIF y UGT hacen frente con la magistrada de la operación Pokemon, Pilar de Lara, que remitió una comunicación a la Xunta para criticar la eliminación de dos funcionarios de refuerzo cuando en su juzgado se instruyen dos macrocausas relacionadas con la corrupción. UGT denuncia la "interesada incompetencia de Vicepresidencia al dejar sin refuerzos los órganos judiciales que tramitan macrocausas políticas". Y no solo en referencia a Lugo, sino también a la operación Zeta, que investiga desde un juzgado coruñés un posible fraude en cursos de formación subvencionados.
La central relata que en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, desde donde se instruye la trama en torno al empresario coruñés Gerardo Crespo, "desde hace un mes más o menos se están recibiendo declaraciones en jornadas maratonianas de mañana y tarde sin recibir la menor medida de apoyo". "Y es que aquí nos encontramos nuevamente con implicaciones políticas", recalcan.
Respecto a la Pokemon y la supresión de dos funcionarios de apoyo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, consideran que "lo que está sucediendo es especialmente clamoroso y sospechoso puesto que el hecho de que se deje sin refuerzo puede esconder una intencionalidad política descarada". Para UGT, "nada le convendría más a la clase política que los macroprocesos que en ese juzgado se llevan se retrasaran o por causa de dilaciones indebidas pudiesen terminar siendo nulos".
En la misma línea se pronunció también el sindicato CSIF (Sector Justicia Lugo), que analiza que la decisión adoptada por la Dirección Xeral de Xustiza en las salas lucenses "no puede ser más desafortunada" porque contraviene la propuesta realizada en su día por los inspectores del Consejo General del Poder Judicial, al entender que la carga de trabajo que pesa sobre el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, presidido por De Lara -"por la alta pendencia que soporta, motivada en buena medida por la especial complejidad y volumen de las macrocausas que le ha correspondido tramitar"- hace necesario contar con personal de refuerzo "que ayude a aliviar esta situación" mientras dure la tramitación de las operaciones Pokemon y Carioca.
La central usa las mismas palabras que la magistrada para augurar un "absoluto colapso" que dará lugar a "dilaciones indebidas", a la "posible prescripción de delitos y faltas" y a que "no se pueda garantizar a los ciudadanos la prestación de un servicio esencial y de calidad, ni del derecho a la tutela judicial efectiva fundamental en un Estado de Derecho". El sindicato recuerda a la Xunta que desde febrero de 2013 ha solicitado al director xeral la necesidad de crear un nuevo juzgado de Instrucción en Lugo.
El comunicado del sindicato exige a la Xunta que "rectifique urgentemente la decisión de cesar a las dos funcionarias".
De Lara alertó la pasada semana en una carta remitida a la Xunta de que la decisión autonómica los conduce al "colapso total e irreversible" y de que no podrán hacerse "responsables de las dilaciones" que puedan producir a partir de ahora. Pilar de Lara destaca el "contrasentido" de meter la tijera mientras se "prometen públicamente" ayudas a los órganos jurisdiccionales que tramitan "causas relacionadas con delitos relativos a la corrupción".
El Ejecutivo quiso repartir responsabilidades con el Consejo General del Poder Judicial, alegando que retiraron a los funcionarios porque el éste retiró a la juez de refuerzo y que los repondrán si el órgano repone el juez. El Gobierno gallego justifica también que el informe de los inspectores del Poder Judicial constatando las necesidades de la sala de Lugo, al que alude la magistrada instructora de Lugo, no está en sus manos y "no tiene constancia" de su existencia.
