La sombra de la operación Pokemon sobre los posibles enchufes del Gobierno local en contratas municipales de Vendex se alarga. La juez instructora autoriza a Aduanas a acceder a datos de la Seguridad Social y Hacienda de 54 personas que podrían haber sido beneficiadas laboralmente gracias a la intervención de miembros del Ejecutivo local, asesores o altos cargos, según deduce de llamadas y correos electrónicos intervenidos. Pilar de Lara identifica al primer teniente de Alcaldía, Julio Flores, como supuesto poseedor de una "lista para contratar a determinadas personas" pero sostiene que "no actuaría aisladamente, sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde, don Carlos Negreira".

La magistrada, en un auto firmado ayer, escribe que, de una conversación telefónica intervenida por Aduanas entre el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y el concejal del PP, Julio Flores, ambos imputados en la causa, "se infiere que Tutor es conocedor de la existencia de una lista, de la que dispondría Julio Flores, para contratar a determinadas personas que podrían ser próximas por razones diversas a la nueva corporación, de tal forma que vendría a operar a modo de agencia de colocación de empleo, función, que desde luego no corresponde a los ayuntamientos, salvo que se haga de forma disciplinada, reglamentaria y sujeta a los principios de igualdad, mérito y competencia".

"Esta no sería una actuación aislada por parte del teniente de alcalde, Julio Flores, sino que afectaría a otros concejales del Ayuntamiento de A Coruña como Francisco Mourelo, concejal de Deportes, o Miguel Lorenzo, concejal de Servicios Sociales, existiendo incluso conversaciones que alcanzarían al alcalde, Carlos Negreira", prosigue.

De Lara se remite a las actuaciones ya incluidas en el sumario, desde las que sospecha que el líder de Vendex, Gervasio Rodríguez Acosta, "habría implantado una política empresarial" para lograr adjudicaciones para la que, "siempre presuntamente", se contaría con la colaboración de autoridades municipales y funcionarios. Para "gratificar la actuación", prosigue, "además de realizar posibles pagos de dinero" o "entregas de regalos", "se encargaría de contratar a distintas personas recomendadas" por personas que pudieran tener algún tipo de influencia en el proceso de contratación. La magistrada censura esta práctica al entender que los contratados "obtendrían importantes beneficios de índole económica, habida cuenta de que, además de obtener un puesto de trabajo vulnerando los principios de igualdad al derecho al empleo, al tratarse de empresas concesionarias de servicios públicos, se convertirían prácticamente en funcionarios" porque pasarían a ser subrogados si cambia la concesionaria.

"Uno de los ayuntamientos donde se ha llevado a cabo esta práctica presuntamente corrupta es el Ayuntamiento de A Coruña", prosigue el auto firmado ayer, en el que afirma que el delegado de Vendex, José María Tutor, contaba con "importantes contactos": Flores, un asesor y las jefas de Contratación y de Cultura, también imputados, enumera De Lara.

"Ya a lo largo de la investigación se revelaba la relación directa que existía entre la consecución de contratos y la contratación de personal", dice la magistrada en los fundamentos del derecho del escrito comunicado a las partes, en el que incluye que, "tal como se ha constatado en las intervenciones telefónicas, las personas enchufadas son en ocasiones, parientes o amigos de los cargos y empleados públicos del Ayuntamiento o, en otros casos, se trata de personas afines al gobierno municipal".

La magistrada recuerda una serie de pinchazos telefónicos realizados durante las pesquisas sobre el móvil de Tutor, en relación, por ejemplo, con las gestiones para lograr el contrato de limpieza y mantenimiento del Ágora. "Están llegando papeles de todo el mundo, que todo el mundo tiene puestas las ilusiones ahí", hablaba el delegado de Vendex sobre la apertura del centro sociocultural, que se reinauguró tras las elecciones de 2011.

El auto viaja desde los pinchazos en la fase embrionaria (2011-2012) a los correos electrónicos, intervenidos durante los registros de Vigilancia Aduanera en dependencias municipales, que en A Coruña comenzaron en octubre de 2013. "Las conclusiones alcanzadas a través de las interceptaciones se refrendan con el resultado del volcado efectuado a los equipos informáticos y correspondencia electrónica del Ayuntamiento de A Coruña, que revelan que, de forma continuada, Tutor enchufa a personas recomendadas por gente del nuevo Gobierno municipal de A Coruña (surgido de las elecciones municipales de mayo de 2011), para ocupar puestos de trabajo en servicios públicos adjudicados por ese Ayuntamiento a Vendex", relata el auto.

La magistrada dice que el examen del contenido informático de Julio Flores -además del asesor y las dos altos cargos- "permite inferir distintas proposiciones" del edil popular para que Tutor "contrate a ciertas personas". Además, aparecen "un total de 46 personas" para las que terceros solicitan mediación a Julio Flores.

De Lara insiste en que, "tal y como se desprendía de alguna conversación telefónica", el concejal "no actuaría aisladamente, sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde, don Carlos Negreira". El auto argumenta para ello que algunos de los correos electrónicos donde "se solicita la contratación de personas o se adjuntan currículos son reenviados a otros concejales". Nombra al edil de Deportes, Francisco Mourelo; a la de Personal, Rosa Gallego; o al de Infraestructuras, Martín Fernández Prado; y "al alcalde Carlos Negreira". Se refiere después a una contratación para la Torre de Hércules o de un especialista en Biología para que elaborase "material informativo", pariente de un mando de la Guardia Civil.

"En consecuencia" por dichas conversaciones telefónicas y volcados informáticos, la instructora "autoriza" los agentes de Aduanas a que accedan a los datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria de un total de 54 personas, que figuran en el escrito judicial identificados con nombres, apellidos y número de intensificación. La finalidad es "investigar el posible delito de trafico de influencias y/o cohecho por la contratación de personas recomendadas, y la relación que pudieran tener con las empresas investigadas". Por ello, se hace "necesario comprobar a través de la Seguridad Social y Hacienda, si alguna de las personas que aparecen en los listados de los correos electrónicos hubieran sido contratadas por influencia o recomendación de alguna autoridad o funcionario municipal".