Cinco años de demora para derribar una ruina

Vecinos de la calle Buenavista soportan humedades, suciedad y ratas al esperar desde 2010 por la demolición de una casa abandonada

29.10.2015 | 00:47
Edificio en ruinas de la calle Buenavista.

No hay que ser experto en edificación para saber que el estado del número 29 de la calle Buenavista aconseja su demolición inmediata. El estado de lo queda de este inmueble presenta un estado lamentable, ya que tan solo la fachada y los muros medianeros se mantienen en pie, de forma que a través de las ventanas del primer piso se observa la frondosa vegetación que crece en el interior, mientras que la puerta de la casa deja ver la ingente suciedad que se acumula dentro.

Al margen del peligro que supone el riesgo de caída de elementos del edificio, los vecinos del inmueble número 31-33 sufren otros perjuicios, puesto que tanto el garaje, el bajo comercial como varios de los pisos están afectados por humedades, problema que también se produce en el patio, donde los propietarios han tenido que efectuar obras en varias ocasiones y a donde no se atreven a salir ante el temor a un desplome de la medianera que limita con este espacio.

Por si fuera poco, la parte trasera del número 29 es un antiguo jardín hoy cubierto por maleza y árboles, así como por basura que ha sido arrojada al lugar y que atrae a gran cantidad de ratas y gatos. Según los residentes en el inmueble contiguo, el olor que brota en verano de este lugar es insoportable.

Los afectados comenzaron a tomar medidas en 2010 ante los daños sufridos en el patio y entonces se les informó que el edificio cuenta con declaración de estado ruinoso desde 2001. Sus gestiones consiguieron que el Ayuntamiento ordenase a la propietaria del inmueble, la empresa Marigle Promociones, que lo demoliese.

Según el Ayuntamiento, la firma presentó desde entonces sucesivos recursos para evitar el derribo que fueron rechazados, hasta que el pasado 4 de marzo le impuso una multa de 300 euros y reiteró la orden de demolición, para cuyo cumplimiento le dio un plazo de tan solo 48 horas, al tiempo que le advertía de que si no llevaba a cabo los trabajos le podría imponer sanciones de hasta 6.000 euros. Fuentes municipales señalan que el problema es que la promotora ahora no acepta las notificaciones oficiales con las que se le comunican las decisiones del Ayuntamiento, lo que obliga a hacerlas públicas a través del Boletín Oficial de la Provincia.

Este trámite demora aún más el proceso que debería acabar con la demolición del edificio, aunque el Concello advierte de que si el propietario sigue negándose a ejecutar las obras podrá hacerlo la propia administración municipal de forma subsidiaria para luego exigirle el pago de los gastos a la promotora.

Pero las averiguaciones realizadas por los vecinos afectados les llevan a pensar que el Ayuntamiento tan solo puede acometer las obras si dispone de una partida específica para ellas en el presupuesto, por lo que temen que si en el de 2016 no figura esta actuación, seguirán soportando aún durante mucho tiempo los trastornos que les causa el penoso estado del edificio adyacente.

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