El conflicto por el uso restringido de la piscina del IES Agra do Orzán a sus estudiantes sigue abierto con la exigencia a la Xunta, por parte del instituto coruñés y de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del centro, del convenio de hace 23 años que otorga uso preferente y gratuito en horas lectivas a los jóvenes que cursan en el Agra.

La reclamación es una advertencia que surge de ambas partes después de una reunión celebrada el lunes entre el ANPA y la Consellería de Educación por la prohibición del uso de la piscina que la Xunta ha hecho desde este curso a unos 400 alumnos de ESO y Bachillerato, pero no a los alrededor de 60 del ciclo de actividades físicas y deportivas de Formación Profesional.

Los padres y madres solicitaron reunirse con el delegado del Gobierno gallego en la provincia, Diego Calvo, y transmitieron que quieren conocer el convenio que supuestamente establece que todos los alumnos del Agra pueden utilizar la piscina libremente, como ha ocurrido en los últimos 23 años. Tanto el ANPA como el instituto pedirán también la licencia de la obra de construcción de la piscina.

Otros hechos que demuestran que el caso gana notoriedad política son su inclusión el próximo mes en el Consejo Escolar Municipal, como apuntan desde el centro, además de que sindicatos y los grupos municipales del PSOE y el BNG hayan solicitado información al Agra para reclamar medidas o presentar la situación en el Parlamento gallego. Los padres cuyos hijos no pueden acceder este año a la piscina preparan por su parte protestas y movilizaciones vecinales.

En el fondo del conflicto subyace la polémica relación entre la gestora de la piscina, la empresa Gaia, y Fundación Deporte Galego, que tienen tres causas abiertas en los tribunales con motivo de condiciones contractuales relacionadas con el pago del canon, el uso de las instalaciones del Agra, A Sardiñeira y Elviña y trabajos de mantenimiento. Las sentencias que ya se han dictado han sido recurridas, por lo que ningún caso está resuelto.

El director del instituto, Miguel Santaolalla, reitera que "no es Gaia la que echa a los alumnos de la piscina, sino la Xunta". La empresa comenzó a remitir al centro facturas de 6.500 euros mensuales a mitad del curso pasado; ninguna fue abonada, sino remitira a los servicios jurídicos autonómicos.

Fuentes de Educación aseguran que es ahora Gaia la que cobra al Ejecutivo gallego por el uso de la piscina y que la Xunta, después de que el jefe territorial comunicase al Agra que no todos los alumnos la podrían utilizar, solo garantizará ese uso a los que pertenecen al ciclo de Formación Profesional.