La Opini&oacuten de A Coru&ntildea
La ley de transparencia llega al Ayuntamiento

Paredes de cristal a golpe de ley

El 10 de diciembre entró en vigor para los ayuntamientos la ley de transparencia - El Concello coruñés incumple parte de los requisitos de la norma, pero anuncia medidas para mejorar el flujo de información con los vecinos

03.01.2016 | 02:42
Imagen de un encuentro celebrado entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y varias asociaciones vecinales.
Imagen de un encuentro celebrado entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y varias asociaciones vecinales.

La ley de Transparencia y Buen Gobierno entró en vigor el pasado 10 de diciembre para el ayuntamiento coruñés y para el resto de municipios españoles. Aunque desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de la Marea se han avanzado en algunos de los requisitos de transparencia que fija la norma, como la publicación de las declaraciones de la renta o la retransmisión de los plenos municipales, otros puntos, como la publicación del grado de ejecución presupuestario, siguen todavía pendientes. Para ello, el Gobierno local prevé la creación "en breve" de un grupo de trabajo específico que canalice las solicitudes de información de los vecinos así como una adaptación de la estructura y de la formación de los funcionarios para mejorar los flujos de información

El pasado 10 de diciembre entró en vigor para todos los municipios de España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Lo hizo un año después que para el Gobierno central, quien ya está obligado a cumplir con estas garantías de transparencia desde diciembre de 2014. Sin embargo, y pese a que pasaron ya tres semanas desde su aplicación, el Ayuntamiento coruñés todavía incumple parte de las exigencias mínimas de la norma, que busca hacer accesible al ciudadano la actividad y los gastos de las administraciones públicas así como el grado de ejecución de los presupuestos.

El Gobierno local de la Marea prevé poner en marcha "en breve" dos grupos de trabajo específicos para hacer realidad las exigencias de la ley. Según informaron fuentes municipales a este diario, uno de ellos será el encargado de tramitar todas las solicitudes de información que realicen los ciudadanos, y cuyo derecho de respuesta esté amparado por la ley, mientras que el otro se centrará en la búsqueda de nuevas fórmulas y herramientas de transparencia "a medio y largo plazo". Ambos equipos contarán, indican, con personal político y técnico y serán "transversales" de varias áreas, como Alcaldía, Participación o Innovación Tecnológica.

Actualmente, el mecanismo para realizar una solicitud de información al Concello no está claro y cuenta con ciertas trabas que, de acuerdo con expertos en las políticas de la transparencia, disuaden a los vecinos de una apropiada fiscalización de la actividad de la administración. Tal y como ha comprobado la redacción de este diario con una consulta sobre una partida de gasto de 2015, el apartado de "solicitar información de temas municipales o de la ciudad", incluido dentro de la pestaña de Transparencia de la web municipal, no funciona como un portal de peticiones de información al uso ya que remite, a través de un correo electrónico del servicio 010, a hacer la petición por escrito en alguno de los registros municipales o a través de la Sede Electrónica local. Esta última vía añade un problema más, al requerir el uso de un Certificado Digital, una acreditación que debe obtenerse a través de varios trámites en la sede online de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y, a continuación, en oficinas autorizadas de la Administración central. A fecha de ayer, según datos del CERES (CERtificación ESpañola), solo había en España un total de 4.756.548 certificados activos.

Desde entidades protransparencia como Access Info Europe, han denunciado este filtro, necesario también para hacer preguntas en el Portal de Transparencia del Estado, al entender que pone obstáculos a la hora de preguntar al Gobierno por los detalles de su actividad. En prácticamente todos los países del mundo es suficiente con mandar un email para recibir la información y los estándares internacionales aconsejan a los Gobiernos permitir las solicitudes anónimas, a diferencia de en España y el Concello donde, con esta acreditación, la administración conoce la identidad del ciudadano que realiza cada consulta e impide a extranjeros enviar consultar.

Aunque el Concello asegura que para hacer cumplir los derechos que fija la ley no contratará nuevo personal especializado, si prevé una "adaptación" de los trabajadores municipales a través de programas de formación y un nuevo diseño de la estructura municipal y los "flujos de trabajo" para "mejorar la circulación" de la información dentro de la administración local coruñesa.

Algunas grandes ciudades del Estado, como Madrid, sacan ventaja al Gobierno de la Marea a la hora de garantizar el nivel de transparencia que exige la ley. Allí, el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ya presentó a finales de noviembre el borrador de una ordenanza de transparencia con la que, entre otras cuestiones, se fijaban multas y sanciones disciplinarias para los representantes locales y cargos directivos que eludan sus responsabilidades de transparencia. La cláusula mejoraba para la capital española las garantías de la ley a nivel estatal, ya que actualmente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que vela por el cumplimiento de la norma en todo el territorio español, no tiene capacidad sancionadora de ningún tipo.

En el caso de A Coruña, el Ejecutivo local asegura que la aprobación de esta ordenanza -que la ley de transparencia no exige- está "en la hoja de ruta" municipal aunque no en el "capítulo de lo más urgente". "Se le dará prioridad a garantizar el derecho a la información, a crear estos equipos de trabajo y a la aplicación de medidas concretas como la publicación de las agendas o los salarios municipales", indican desde María Pita.

En diciembre de 2013, el anterior Gobierno de Carlos Negreira contrató a una empresa la elaboración de una ordenanza de transparencia para el Concello. Desde entonces, y pese a que en la web municipal se indica que se está trabajando en su redacción, no se ha vuelto a tener noticia del texto. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también elaboró una ordenanza modelo para ser usada total o parcialmente por las administraciones locales que lo quisiesen y que fue alabada por entidades a favor de la transparencia, como Civio, por su alto nivel de exigencia.

Pero desde su llegada a María Pita el Gobierno de la Marea también ha dado pasos a la hora de cumplir con exigencias que recoge la norma. Por ejemplo, se han creado cuentas de redes sociales con el perfil institucional del Concello, algo que antes solo se restringía a ciertos departamentos de concejalías, y se han comenzado a retransmitir en streaming las sesiones plenarias municipales, que permanecen almacenadas en la web para poder reproducirlas en diferido. En estos casi siete meses de nuevo mandato también se han publicado en la web, además de las declaraciones de bienes de los concejales, las declaraciones de la Renta de todos los ediles del Gobierno local. El portal online del Concello también recoge las de la edil del BNG, Avia Veira, pero ninguna de los grupos de PP y PSOE.

El Gobierno también prevé tener listo antes de finalizar febrero un seguimiento en tiempo real del nivel de ejecución presupuestario y otro del grado de cumplimiento del plan anual del Ejecutivo. En esta línea, el alcalde, Xulio Ferreiro, también se comprometió en su discurso de Navidad a dar un paso más allá de lo que marca la ley y garantizar al menos una vez al mes la rendición de cuentas de miembros del Gobierno local ante los vecinos en alguno de los centros cívicos de la ciudad.

En estos meses, también se han abierto a la participación de la oposición organismos como la Junta de Gobierno y se han ampliado el número de comisiones, una de las cuales, bajo el nombre de Comisión de Transparencia y Contratación, hará seguimiento de la acción del Gobierno en estas cuestiones.

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