La nueva ordenanza de mercados aprobada el pasado martes por la Junta de Gobierno Local recibió ayer solo el apoyo Marea Atlántica y el BNG en la comisión municipal previa al pleno, ya que PP y PSOE decidieron abstenerse ante las discrepancias sobre la normativa expresadas por los placeros de San Agustín y un sector de los de Elviña. Tanto populares como socialistas esperarán al resultado de la negociación que el Gobierno local mantendrá con estos vendedores durante los próximos días para decidir cuál será su voto en el pleno del jueves, en el que el Gobierno local pretende aprobar la ordenanza.

Aunque para este tipo de iniciativas tan solo es necesaria la mayoría simple del pleno, Marea depende de la posición que tomen PP y PSOE, ya que si ambos grupos deciden votar en contra la propuesta sería rechazada. Si uno de los dos grupos opta por la abstención, los votos de Marea y BNG serían suficientes para dar luz verde inicial a la nueva regulación de los mercados, pero en la actualidad populares y socialistas mantienen la incógnita sobre cuál será su postura en la sesión plenaria.

Durante las negociaciones desarrolladas en las últimas semanas, el PP había mostrado su conformidad con el modelo de ordenanza que se elaboraba en la comisión de la que formaban parte tanto todos los grupos municipales como los representantes de los placeros, pero ante la queja de parte de los placeros optó por abstenerse en la votación de ayer. El PSOE ya anunció el miércoles que no daría su respaldo a la normativa tras haber sido aprobada en Junta de Gobierno Local, por la protesta expresada por la asociación de San Agustín y la de Defensa del Mercado de Abastos de Elviña, que aseguraron que no les había sido facilitado previamente el texto definitivo.

Ampliación de concesiones

En el primero de esos mercados los placeros reclaman además que se les amplíen las concesiones en los 35 años que fija la nueva ordenanza como plazo máximo como compensación por la regularización de los vendedores que, desde hace dos décadas en algunos casos, desarrollan su actividad sin una concesión y con unos costes menores que el resto.

El Gobierno local se niega a admitir esta reclamación esgrimiendo argumentos jurídicos. Según la asesoría, no reconocer el derecho de los temporales a una concesión abocaría al Ayuntamiento al pago de indemnizaciones en caso de que éstos denunciaran. La asociación de San Agustín insiste en que es posible legalmente y destaca el perjuicio que supondrá para muchos placeros la finalización de sus concesiones en los próximos años y la obligación de competir por un nuevo puesto para mantener su actividad.

Frente a las críticas expresadas por el alcalde, Xulio Ferreiro, quien aseguró que el representante socialista en la negociación, José Manuel García, no había realizado ninguna propuesta en la última reunión celebrada, el concejal replicó ayer que durante las conversaciones presentó 59 propuestas de corrección o mejora y que el 27 de enero planteó la introducción de cláusulas sociales en la ordenanza, que fueron incorporadas posteriormente.