Faltaba poco para las elecciones de 2011 y el alcalde Javier Losada atendía llamadas en un programa radiofónico. Un vecino se quejó del mal estado de la zona para los coches en el acuario y el exregidor dio orden "inmediata" de acometer la habilitación del exterior, unos trabajos que se habían aparcado en varias ocasiones desde 2004. Así comienza la historia de este contrato en la Casa de los Peces, adjudicado a la misma empresa que se encargaba del mantenimiento de los jardines del museo y que protagoniza ahora una instrucción en un juzgado coruñés, en la que se analiza la participación de cuatro personas, una de ellas la exedil de Cultura del PP, Ana Fernández, además de dos cargos del Aquarium.

Durante la investigación de la operación Pokemon, los agentes de Aduanas encontraron en los ordenadores de estos dos técnicos -que ya habían tenido que declarar en Lugo como investigados (antes imputados)- dos presupuestos para la obra con fecha anterior a que se abriese el procedimiento para contratarlo. Los presupuestos procedían de la firma que finalmente fue elegida. A Aduanas le "llama la atención" que el presupuesto ganador fuese "muy completo" y los perdedores, "escuetos". La obra fue objeto de polémica en 2013 porque el BNG denunció su impacto visual, habiendo sido adjudicada como un servicio y no como una obra para evitar la fiscalización de Patrimonio, reprochaban.

"Los tres presupuestos tienen una diferencia mínima entre ellos de alrededor de mil euros y solo Orto elaboró dos presupuestos, uno en febrero de 2011 y otro en mayo o en noviembre, no está claro, de ese mismo año. El primero fue 18.000 euros más caro que el segundo", concluye el informe de los investigadores de Aduanas.

Al frente de Cultura, Ana Fernández firmó el contrato en diciembre de 2011, medio año después del cambio de gobierno. En su declaración ante el juez en junio, confirma que ella puso su rúbrica, eso sí, una vez recibidos los informes correspondientes. Señala que son los otros dos técnicos investigados (el director técnico de la Casa de los Peces, en el puesto desde 2004, y el ex jefe de departamento de los servicios generales de los museos) los que decidieron que se iba a elegir a la empresa a través de un contrato menor, sin publicidad. Firmó, alegó, al comprobar que estaba "todo en orden", con informes técnicos y del secretario. Había que aprobarlo porque, dijo en su declaración, se acababa el año y se perdía dinero. A preguntas del magistrado instructor de si es habitual que se remitan presupuestos a correos personales, Fernández respondió que creía que no era "normal".

Un representante de la empresa adjudicataria, Orto Parques y Jardines, reconoció ante el magistrado que, efectivamente, enviaron distintos presupuestos, pero que lo hicieron porque, aseguró, forma parte de su tarea como gestora del mantenimiento llevar a cabo memorias valoradas y presupuestos de la parte exterior que les encarguen los técnicos. Declaró no saber por qué hay un segundo presupuesto con una partida menor pero que a veces realizan rebajas a petición de los técnicos.

El director técnico del acuario, en el cargo desde el Gobierno socialista (2004), explicó que la obra había sido reactivada a raíz de la llamada de un oyente al alcalde Javier Losada y que el jefe de servicio de los Museos Científicos le encargó poner en marcha el procedimiento y pedir el presupuesto a la firma, a la que se lo acabaron otorgando porque era el mejor precio.

El otro investigado, que era jefe del departamento de los servicios generales de los museos, relató que decidió él fuese menor y que no recibió ninguna indicación del jefe de servicio de los museos para que fuese realizado por Orto. Justificó que es lógico que el presupuesto de Orto fuese más completo por su conocimiento previo. Negó que se le diese ventaja.