La Fiscalía y la acusación particular, que representa a la compañía Albada -gestora de la planta de basuras de Nostián-, solicitan un año y medio de prisión y 400.000 euros de fianza para los nueve miembros del comité de empresa que organizó una huelga de 108 días de duración en 2013, a quienes se acusa de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores. Delegados sindicales de CIG, CCOO y UGT se concentraron ayer ante el edificio de los juzgados para expresar su apoyo a los trabajadores que serán procesados, que acudieron a la sede judicial para recoger las citaciones de la vista oral.
El secretario comarcal de la CIG, Xabier Filgueira, declaró que el paro tuvo por objetivo "luchar por un convenio justo" y expresar su rechazo a "la aplicación salvaje de la reforma laboral", ya que la empresa despidió a 19 trabajadores.
"La empresa pretende criminalizar la respuesta sindical", manifestó Filgueira, quien recordó que los tribunales archivaron una demanda contra toda la plantilla. Sergio López Rivera, dirigente de CCOO, dijo que la Fiscalía "asume como propios los argumentos de la empresa" y acusó a Albada de intentar "meter más miedo".
