Dos acusados de adquirir 153.600 pastillas de éxtasis con la intención de distribuirlas en A Coruña aceptaron ayer ser condenados a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente. En el domicilio de uno de ellos fueron localizadas los 153.600 comprimidos durante el registro realizado el 19 de marzo de 2009 por los agentes de la Policía Judicial que investigaron los hechos, quienes iniciaron la vigilancia de los procesados en octubre de 2008. La venta al por menor de las pastillas, según admitieron los imputados, alcanzaría un precio de 1.597.460 euros.

La Fiscalía solicitaba en su escrito de calificación que cada uno de los dos sospechosos fuese condenado a siete años de prisión y a pagar dos millones de euros de multa. Finalmente, su abogado defensor, Manuel Ferreiro, llegó ayer por la mañana, cuando estaba prevista la celebración del juicio, a un acuerdo con la representante del Ministerio público, quien aceptó la rebaja de la pena solicitada inicialmente tras tener en cuenta las atenuantes de toxicomanía y dilaciones indebidas. La multa de dos millones de euros para cada uno de los acusados se mantuvo, pero en caso de impago, será sustituida por seis meses de cárcel. Uno de los procesados fue castigado con un año más que el otro porque el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial tuvo en cuenta la agravante de reincidencia. Ambos solicitaron la suspensión de la condena para tratar su drogodependencia, que en un caso cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, mientras que en el otro está pendiente de informe.

Los dos sospechosos reconocieron ser autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad notoria. Las pastillas decomisadas, que estaban distribuidas en 15 bolsas termoselladas, fueron destruidas el 4 de marzo de 2010 por orden judicial. Las sustancias fueron trasladadas a la vivienda de uno de los imputados, situada en la ciudad, por dos personas que no prestaron declaración en la causa porque se encuentran en búsqueda y captura. Uno de los imputados permaneció en prisión provisional entre el 20 de marzo y el 6 de noviembre de 2009; mientras que el otro estuvo en la cárcel entre el 28 de marzo y el 25 de septiembre de 2009. Contra la sentencia no cabe recurso porque fue dictada bajo la conformidad de todas las partes implicadas.