La sede judicial de A Coruña en la remodelada Fábrica de Tabacos será inaugurada en octubre si no fallan las previsiones de la Xunta y se cumplen las expectativas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Hasta el próximo año los juzgados no estarán en pleno funcionamiento, calculan los próximos usuarios, pero los primeros servicios podrán prestarse ya en el mes de diciembre, según la última estimación del Gobierno autonómico.

Esta es otra de las previsiones con que trabaja la Xunta pese a no concretar qué dependencias estarán activas el último mes del año, de acuerdo con un comunicado que remitió ayer el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo tras una visita institucional a las obras de la antigua instalación industrial y próximo edificio judicial. Acudieron, entre cargos políticos y judiciales, el presidente gallego; el alcalde de A Coruña; Xulio Ferreiro; el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; y el presidente de la Audiencia, José Luis Seoane, quienes recorrieron las futuras salas y pasillos a tres meses de la apertura en octubre, mes en el que se celebrarán las elecciones autonómicas.

La previsión de apertura que más tuvo presente la Xunta durante el desarrollo de las obras, que comenzaron en abril de 2014, fue el mes de julio de este año, pero el pasado abril el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, cambió la fecha y pospuso la inauguración al próximo octubre. Concretó que en el último trimestre de habría "traslados" de dependencias, de manera que en 2017 el edificio tendría ya "pleno uso". Esa es la esperanza de la Xunta, que admitió entonces que surgieron dificultades en la obra que provocan un retraso.

En el inmueble, en el que el comienzo de los trabajos sufrió también demora, estará la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial (incluida la fiscalía de menores), el Juzgado de menores, el Juzgado de vigilancia penitenciaria, las oficinas de la Secretaría provincial de coordinación, las oficinas de la Juta Electoral Provincial y la Mutualidad General de Funcionarios de Justicia en un espacio de más de 17.000 metros cuadrados con casi 200 trabajadores de la Administración de Justicia.

El Gobierno gallego invierte más de 16 millones de euros en una obra que recupera un inmueble en desuso desde el año 2005.