La renta social, la acción de gobierno en la que el Ejecutivo de Marea ha puesto más entusiasmo, quema etapas en su camino hacia la entrada en vigor. La ordenanza que regulará la gestión y el seguimiento de la prestación directa para familias sin recursos y en situación o en riesgo de exclusión social recibió en junio pasado la aprobación inicial del pleno con las abstenciones del PP y el BNG; ayer, en la comisión de Xustiza Social y una vez analizadas las alegaciones de la Corporación municipal, el grupo nacionalista dio el sí y los populares mantuvieron su postura y sus reservas. Este viernes, en sesión de pleno extraordinario, la renta social será ya una ayuda de validez definitiva con la que el Gobierno local distribuirá este año 2,1 millones de euros para las personas que pasan por más dificultades.
La concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, destacó ayer el "alto consenso" de la Corporación alcanzado por el proyecto tras la fase de alegaciones e incidió en la novedad que representa la inclusión en la cobertura de la renta social de la población migrante en situación irregular en la ciudad. Cameán reprochó en cambio al PP que "volviese a intentar bloquear" la aplicación de esta ayuda cuestionando su legalidad.
Con esta renta, el Concello prevé cubrir el vacío que abre la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) y respaldar a unas 1.000 familias que no perciben este apoyo a recobrar autonomía económica mediante la concesión de ayudas de entre 500 y 1.000 euros al mes.
El grupo municipal popular, que optó por la abstención hace dos meses, no ha visto atendida ninguna de las seis alegaciones que presentó a la ordenanza de la renta social. El edil Miguel Lorenzo advierte de "graves riesgos" en su aplicación de ser aprobada este viernes, ya que manifiesta dudas sobre aspectos como el procedimiento para abonar la ayuda a las víctimas de violencia de género o el mecanismo de control del gasto, algo que cree que puede generar "distorsiones y abusos" en el pago de la renta si no se aplica adecuadamente.
Lorenzo defendió la adaptación de la renta social a la ley de subvenciones para adecuar la ordenanza a la necesidad de justificar gastos, algo que los beneficiarios de la ayuda municipal no tendrán que hacer en cuanto entre en vigor. Por ello ha solicitado antes del pleno del viernes informes al secretario del Ayuntamiento y al interventor previos al decreto de la Xunta que valida la renta social como prestación en vez de como subvención.
El PSOE ha visto introducidas en la ordenanza reguladora tres modificaciones propuestas, la más resaltada por el grupo la incorporación de un consejo sectorial para la inclusión social, órgano creado para que la aplicación de la renta social sea consensuada y controlada mediante un trabajo en red. El Gobierno de Marea aplaude esta novedad, al considerarla relevante para dar continuidad al "proceso participativo" en el desarrollo de la ordenanza. Estará integrada por representantes de la Corporación, colectivos sociales y entidades ciudadanas, apunta la edil Silvia Cameán. Deberá crearse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la renta social municipal.
La inclusión del transporte como gasto a tener en cuenta en los itinerarios de inserción para perceptores que conllevará la aplicación de la ayuda y el criterio de residencia efectiva y no de residencia legal para los solicitantes fueron las otras dos alegaciones socialistas estimadas por el Gobierno local.
Al BNG, que se abstuvo también en junio, se le acepta la mitad de sus alegaciones, entre ellas la solicitud de que el acceso a una vivienda independiente en un plazo de cuatro meses deba estar en los itinerarios de inclusión y no en la ordenanza y la de que se comuniquen los cambios en el número de miembros de la unidad de convivencia antes de la percepción de la renta.
