El antiguo comité de empresa de la fábrica de armas solicitó reuniones con el Gobierno local y los grupos municipales del PP, PSOE y BNG. Las seis decenas de despedidos de la factoría Santa Bárbara se volvieron a concentrar ayer, como cada viernes desde septiembre del año pasado, ante la Delegación del Gobierno en Galicia. Los afectados volvieron a depositar en el registro la petición de un encuentro con el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, al que recuerdan su compromiso de investigar las supuestas irregularidades denunciadas acerca de la actual adjudicataria de la fábrica, Hércules de Armamento.
Los extrabajadores entregaron en el registro municipal cuatro solicitudes para reunirse con los cuatro grupos que forman la Corporación municipal: Marea Atlántica, PP, PSOE y BNG, a quienes explican en la misiva, remitida a los medios de comunicación, la situación que viven las instalaciones de Santa Bárbara.
Los exempleados aseguran, como hacen desde hace meses, que no existe en la actualidad un proyecto industrial serio y con futuro y sostienen que hay continuos impagos e incumplimientos de los pliegos del concurso. La solicitud de reuniones a los partidos políticos estuvo acompañada de más de 3.000 firmas de familiares y vecinos de los 61 trabajadores despedidos. El objetivo es instar a Xulio Ferreiro a intervenir ante el Ministerio de Defensa y a la Delegación del Gobierno -responsables directos de la factoría-.
Los perjudicados volvieron a protestar contra el silencio de la Administración hacia las denuncias presentadas por el comité de empresa de la antigua fábrica de armas y los trabajadores despedidos desde hace más de 37 meses. En concentraciones anteriores, el colectivo reclamó insistentemente al Ministerio de Defensa la anulación de la concesión y la convocatoria de un nuevo concurso público para "garantizar el futuro industrial del complejo". Así reclaman al Estado "luz y taquígrafos" y recriminan que se haya mantenido "silencio" con respecto a las denuncias que tramitó UGT aún cuando Hércules carece actualmente de permisos para fabricar armas, al no poder pagar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones, una de las condiciones que, según el pliego de condiciones del contrato, podría justificar la rescisión del contrato de adjudicación.
