La Autoridad Portuaria echa el freno en el proceso para que las instalaciones de La Solana sean de uso ciudadano a través de su venta al Concello. El ente público opta en su lugar por hacer caja después de una oferta millonaria de la actual concesionaria y de la posterior firma de un convenio en octubre entre el presidente del Puerto y esta empresa privada. El alcalde, Xulio Ferreiro, se mostró sorprendido por que la Autoridad Portuaria le hubiese ocultado dicha información, cuando el Consejo votará hoy volver a sus planes iniciales y vetar así el proyecto municipal. También de que exista una oferta particular cuando ni siquiera hay convocado concurso o subasta. Fuentes municipales advierten de que acudirán a los juzgados para defender lo pactado.
La actual concesionaria pretende hacerse con las instalaciones hoteleras y deportivas por 10 millones de euros o por 5,3 millones en caso de que solo salgan a subasta las segundas. El Gobierno local señala que seguirá intentando que el complejo tenga uso público. Su oferta era por el precio de tasación, de 1,4 millones de euros, reservados en su proyecto de presupuestos.
Para el Ejecutivo, al constar públicamente la oferta de una empresa, la futura subasta que se convocase "estaría viciada". Añade que nada impide legalmente adjudicar la parcela al Ayuntamiento, por mucho que su oferta sea menor que la de la inmobiliaria. Cree que el acuerdo que se pone encima de la mesa en el Consejo de hoy no tiene más objeto que "evitar que el Ayuntamiento se haga con la parcela".
La oferta del Concello se remonta a mayo de 2016, a un Consejo en el que el Puerto preveía iniciar el proceso para vender La Solana y el Finisterre. Según los informes de tasación, el precio de quedó fijado en 1,47 millones para las instalaciones deportivas y en 4,52 para las hoteleras. La venta -que se puede realizar gracias a un cambio en el plan general aprobado por el Gobierno local del PP- figuraba en el Plan de Empresa 2016 de la entidad portuaria. La subasta se suspendió porque el Concello planteó en esa sesión plenaria comprar La Solana, segregada del hotel Finisterre, para uso ciudadano por el precio de tasación.
Paralizado el proceso, el Puerto coruñés consultó a los abogados del Estado, que dictaminaron que, en caso de que se optase por una adjudicación directa, el Concello tendría derecho preferente para la adquisición de los 25.000 metros cuadrados y la actual concesionaria no dispondría de un derecho de tanteo para igualar o superar la oferta. En virtud de ese informe, el Consejo de Administración daba vía libre, en sesión del 30 de junio a la operación propuesta por el Gobierno local, concediéndole un plazo de seis meses para presentar su oferta de compra.
Solo doce días más tarde, la actual concesionaria, cuyo contrato expira en 2027, contraatacaba aun sin estar abierto ningún proceso de enajenación ni convocada ninguna subasta para hacerlo. Inmobiliaria Río Mero presentaba una oferta para la adquisición de dicha parcela por un importe de diez millones de euros. En el caso de comprar solo La Solana, pagaría de 5,7 millones. Presentó un aval bancario para garantizar el compromiso.
Pasados dos meses la Autoridad Portuaria decidió firmar un convenio con esta empresa, con fecha del 6 de octubre, que reforzaba la oferta. Paralelamente, el Gobierno Local aprobaba en su junta del 21 de octubre la presentación de la comunicación mediante la que expresaba su voluntad de adquirir en 2017 estas instalaciones.
El Puerto ha recabado desde entonces informes que avalan su postura: Avogacía del Estado, Hacienda y Puertos del Estado. Alega en primer lugar que los abogados del Estado señalan que una rúbrica de esta naturaleza "es posible siempre que tenga por objeto la consecución del interés público". Los letrados ministeriales interpretan que el convenio no restringe la libertad de concurrencia ni la competencia de ofertas. Asimismo, el Puerto coruñés esgrime que la Delegación de Hacienda indica que no tiene obligación legal directa de venderlo al Concello y que puede volver a su plan inicial de abrir una subasta. Hacienda apuesta por que las arcas portuarias ingresen una cantidad mayor. Puertos del Estado añade que, por la diferencia entre la oferta del Concello y la de Río Mero, no aceptarla supondría menoscabar el "interés general portuario".
