A pocas semanas de las elecciones municipales de 2007, el Ayuntamiento coruñés vivía una situación convulsa por las protestas que policías locales y bomberos desarrollaban desde meses atrás, incluso con una acampada al pie del Obelisco. Cada acto público del alcalde, Javier Losada, se convertía en una ocasión para que estos funcionarios se presentasen en el lugar y lo transformasen en una ruidosa protesta, por lo que el regidor optó por la cautela cuando el 4 de abril tuvo ocasión de inaugurar el ascensor del monte de San Pedro.

Pese a que en aquel momento era anunciado como una de las realizaciones más destacadas de los últimos años, el Gobierno local ocultó a la Policía Local el acto de apertura oficial y convocó a la prensa en la plaza de María Pita sin mencionar para qué. Desde allí trasladó a los periodistas en un autobús hasta San Pedro y subió con ellos en el viaje inaugural del elevador, que quedó así abierto al público, y además con carácter gratuito hasta que el Ayuntamiento aprobase la tasa por su uso.

La respuesta de los funcionarios a esta treta fue contundente, ya que el entonces presidente de la junta de personal, Manuel Aceña, le acusó de abrir el ascensor "a escondidas y a hurtadillas", así como "escapando de los trabajadores". La oposición no se quedó atrás en sus críticas, ya que el candidato del PP a la Alcaldía, Carlos Negreira, aseguró que la inauguración se efectuó "con nocturnidad", mientras que el portavoz de los concejales que habían abandonado las filas populares, Fernando Rodríguez Corcoba, calificó el acto de "feo hacia la Corporación y los vecinos". El portavoz del BNG, Henrique Tello, recordó que Losada se había quedado atrapado en el ascensor en febrero, por lo que le deseó "suerte" para no sufrir otro incidente similar.

Solo dos días después de su inauguración, el ascensor se averió, lo que inició una serie de fallos que obligaron a suspender su uso hasta corregir las deficiencias. También se supo en esos días que el Concello lo puso en marcha sin la supervisión de la Xunta, que era preceptiva, por lo que tuvo que solicitarse. Una vez que se solucionaron los problemas y comenzó a cobrarse por su utilización, el número de usuarios cayó en picado. En la actualidad, la falta de público hace que el aparato, cuyo coste superó los tres millones de euros, solo abra los fines de semana y su funcionamiento sea muy deficitario.