El pastor de la iglesia evangelista de Santa Cristina aceptó ser condenado a un año de prisión, que no cumplirá porque carece de antecedentes, por falsificar su tarjeta de identidad y su carné de conducir. El imputado, de origen brasileño, estaba en situación irregular en España, por lo que contactó con una organización, presuntamente liderada por su hermano y su cuñada, para que le suministrasen documentos falsos para hacerse pasar por un ciudadano portugués y, por tanto, miembro de la Unión Europea. El procesado se enfrentaba a una petición de cárcel, pero finalmente la Fiscalía retiró el delito contra los derechos de los trabajadores que en principio le imputaba y aceptó sentenciarlo únicamente por un delito continuado de tenencia de documentación falsa. El Ministerio público tuvo en cuenta a la hora de pactar la pena con la defensa del sospechoso, ejercida por el letrado Rubén Veiga, la atenuante de dilaciones indebidas.

El pastor evangélico se declaró culpable y aceptó la condena de un año de cárcel que no cumplirá con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años. El grupo de la Policía Judicial que investigó los hechos apuntó al pastor como uno de los principales miembros de la trama que se dedicaba a captar a ciudadanos brasileños en situación irregular, falsificarles la documentación y obligarlos a trabajar en empresas de construcción dirigidas por los supuestos cabecillas. Los agentes señalaban que el sospechoso se aprovechaba de su condición de pastor para cometer los delitos. Los afectados cobraban salarios miserables y, en algunos casos, no percibían remuneración alguna.

La Fiscalía, finalmente, desvinculó al religioso de la organización y descartó que captase a víctimas o que tuviese a algunas trabajando para él. Al juicio, para el que estaban citados doce acusados, solo se presentaron el pastor de la iglesia evangelista de Santa Cristina y otro de los interceptados por la policía con documentación falsa. Ninguno de los dos ingresará en prisión.

El hermano del pastor y su cuñada, que administraban una constructora con sede en Os Mallos, son señalados por la Fiscalía como los presuntos cabecillas de la trama y no se personaron en la sala de vistas. El Ministerio público les imputa un delito continuado de falsedad documental y otro de explotación de trabajadores, por los que exige que cada uno de ellos sea condenado a seis años de cárcel. "Les entregaban cartas de identidad portuguesas que no se correspondían con la realidad como si ellos fueran los legítimos titulares", subraya la Fiscalía en su escrito de calificación, en el que destaca que los empleados colaboraban con ellos, pues les facilitaban sus fotografías. "Esto ocurrió con numerosas personas, algunas de las cuales no han sido localizadas", recalca la acusación.

El grupo operativo de la Policía Nacional que investigó los hechos a raíz de las denuncias de algunos de los afectados comprobó que una empresa implicada en la trama tenía trabajadores distribuidos en dos obras, una de ellas en la calle Juan Flórez de A Coruña y, la otra, en Oleiros, pero solo tenía dado de alta en la seguridad social a un empleado. El resto, por tanto, trabajaba de forma irregular.