La concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, abrió ayer la puerta a que el Concello finalmente impida la instalación del proyecto de Mi Casita en la parcela municipal de Eirís si este no cuenta con la "aceptación social" de los vecinos. La edil aseguró que esta era una de las condiciones "indispensables" que se le habían puesto al Hogar de Sor Eusebia, la entidad benéfica que promueve este albergue de 20 módulos para personas sin hogar de la ciudad, para cederle una parcela. La otra condición era reforzar la vertiente más social de la iniciativa.

La próxima fecha clave es el 25 de abril, día para el que el Concello ha convocado una asamblea informativa con los vecinos, a la que también están invitados los representantes de Sor Eusebia, y en la que pretenden escuchar los porqués de esta oposición frontal de los vecinos a Mi Casita. "Si los vecinos consideran que en esta ubicación no puede ser, queremos conocer esos motivos. Después de esta asamblea se decidirá y se valorará si es lo adecuado o no", remarcó ayer la concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, en declaraciones para Radio Coruña.

Estas declaraciones llegan un día después de la tensa reunión explicativa, que casi no pudo ni comenzar, en la que representantes de Sor Eusebia trataron de informar sin éxito del proyecto a los cerca de 250 vecinos. Los gritos y reproches de algunos asistentes llevaron a los portavoces de la entidad benéfica a abandonar la reunión.

Tras el encuentro, la presencia de numerosos vecinos sirvió para que la asociación del barrio celebrase una asamblea en la que, en palabras de su presidente, Xesús Prado, se acordó una "oposición total" a la ubicación de Mi Casita en un solar municipal del parque de Eirís. Los vecinos, con todo, no han decidido iniciar acciones de protesta todavía y esperarán a que se celebre la asamblea con el Concello el próximo martes en el centro cívico.

Los vecinos denuncian una "falta de diálogo" del Concello, que les informó de que el nuevo albergue se ubicaría en esta zona sin haber negociado antes con los residentes. Xesús Prado recuerda que el barrio ya cuenta con 44 viviendas sociales y recalca que parte del malestar procede de los vecinos a los que en el pasado se les expropiaron sus casas "por cuatro duros" en esa misma zona y a los que no se les garantizó un hogar alternativo.