Una de las principales promesas electorales de la Marea fue la de paralizar los planes que los convenios del año 2004 reservaban para los muelles del puerto interior coruñés, es decir, Calvo Sotelo, Batería y San Diego. De acuerdo con esta hoja de ruta, sobre la que ningún Gobierno municipal había puesto la lupa hasta ahora, estos terrenos se venderían para la construcción en ellos de bloques de viviendas y zonas comerciales. Con el dinero ingresado por el Puerto, el dueño de los solares, se financiaría parte de la obra del puerto exterior de Punta Langosteira.

El nuevo Gobierno municipal mostró desde un inicio su oposición a este proyecto y fue en este segundo año de mandato cuando se abrió la posibilidad de replantear el futuro de los terrenos. La presión municipal obligó al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, a implicarse en el conflicto que enfrentaba a la Autoridad Portuaria coruñesa y Concello. Con el trasfondo de la presión ciudadana -que hace dos semanas juntó a 4.000 personas en una manifestación para reclamar la devolución gratuita de los muelles al Concello-, el Puerto llegó a paralizar la subasta que tenía previsto hacer de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre después de que la mayoría absoluta del pleno, incluido el PP, reclamase paralizar la puja y garantizar la titularidad pública de los terrenos.

El plazo fijado por las administraciones para llegar a un acuerdo fue de seis meses -que se cumplirían a finales de agosto-, un tiempo que el alcalde, Xulio Ferreiro, considera "suficiente" para alcanzar un "acuerdo global" que todavía está lejos de cerrarse.

Otro de los frentes abiertos con la Administración central que se avanzó durante este segundo año de mandato fue el de Alfonso Molina, para el que se alcanzó un principio de acuerdo en el nuevo diseño. También se cerró un convenio con Interior para hacer uso de la antigua cárcel provincial, que se abrirá parcialmente a final de año, tras una remodelación que asumirá el Concello.