Las idas y venidas en la catalogación del edificio del antiguo cine Avenida ha hecho emerger de nuevo un conflicto entre propietarios y Administración en torno a qué nivel de protección se debe otorgar a estos inmuebles con un valor patrimonial reconocido. En el caso de este edificio del Cantón pequeño coruñés, el conflicto de intereses llegó hasta los tribunales, dando el último paso el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a través de una sentencia en la que obliga a la propietaria, Abanca, a mantener la estructura de la antigua sala de proyecciones -aunque no el uso- y a la Xunta y Concello a indemnizarla económicamente por la pérdida de aprovechamiento, al no poder construir en el subsuelo.

Ante este debate, ¿qué opinan los profesionales de la arquitectura? ¿Son más favorables a adoptar una postura conservacionista o consideran que la normativa urbanística con este tipo de inmuebles históricos debería ser más flexible en aras de atraer la llegada de posibles inversores? El delegado en A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Roberto Costas, considera que los niveles actuales de protección establecidos por las normativas urbanísticas son el resultado del trabajo de técnicos expertos en la materia. "Cuando se pone una protección se hace porque hay un trabajo riguroso detrás. Es más, hay ocasiones en que hemos perdido patrimonio muy importante por parta de una regulación y unos catálogos de protección laxos", comenta Costas en alusión al emblemático asilo de Adelaida Muro, demolido en 2001.

De una opinión similar es el arquitecto Carlos Quintáns, ganador en 2016 del León de Oro de la Bienal de Venecia. A su juicio, muchos propietarios de edificios históricos mantienen cerrados y sin actividad inmuebles de valor patrimonial como mecanismo de presión para forzar una mayor relajación de la legalidad urbanística. "La ciudad no es un mercado. La ciudad tiene un carácter y una identidad que hay que preservar", asegura.

Quintáns también reflexiona sobre la necesidad de "llenar los vacíos" que posee la ciudad, es decir, inmuebles ya construidos, que están cerrados y a los que sería más eficiente dar uso antes que levantar nuevos bloques. "Como sociedad no podemos comprar aquello que borra la historia", señala el arquitecto, que considera que, por ejemplo, la actual estructura interior del cine Avenida tendría mucha más proyección como recinto expositivo que el edificio contiguo de Afundación.

El expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de A Coruña y arquitecto, Óscar Valcuende, mantiene un punto de vista más liberal. A su juicio, los estándares de protección actuales son "elevados" en muchos casos, lo que, a su juicio, desincentiva a los propietarios a invertir, manteniendo muchos edificios en abandono. "Si las consecuencias de una regulación excesiva va a ser el abandono, ese camino solo llevará a la ruina y de la ruina no habrá nada de provecho que sacar", señala Valcuende, que en todo caso cree necesario analizar "caso por caso" y contar con el análisis de profesionales.

El delegado del COAG en A Coruña, sin embargo, niega esta idea de que haya edificios que lleguen a perderse por una excesiva regulación y recuerda que la Administración local es la garante de exigir a los propietarios que mantengan el estado material adecuado de los inmuebles. "Sea una empresa o un particular, los propietarios que tengan este tipo de edificios deben hacerse cargo de los mismos", señala haciendo especial alusión al edificio modernista abandonado de la avenida de Oza, ubicado en el número 132.

En el caso de este último inmueble, el Concello había requerido en noviembre de 2015 a la empresa y a su administradora concursal Ayse Lucus SL la presentación de este proyecto de rehabilitación, bajo amenaza de imposición de multas de hasta 6.000 euros. El proyecto finalmente se presentó, si bien el Concello obligó a realizar cambios para solventar algunos errores técnicos.

El exdelegado del COAG en la ciudad, José Manuel López Mihura, considera que los actuales niveles de protección están elaborados por expertos y "no se pueden tomar a broma". "Si están establecidos así es por algo. Con el patrimonio no se puede jugar como si fuese una inversión", señala.

Otro de sus predecesores en el cargo, Alberto Unsain, cree necesario poner freno a la mercantilización y, sobre todo, terciarización del centro de las ciudades. "El Avenida es una joya y es un insulto que esté tapado a los coruñeses", asegura el veterano arquitecto, que reclama que para una hipotética reapertura se mantenga su uso residencial.