La Xunta estudiará medidas para proteger a los funcionarios que notifican desahucios

Los sindicatos proponen atuendos que los identifiquen como agentes de la autoridad

13.06.2017 | 10:06

La protección de los funcionarios que notifican puerta a puerta documentos judiciales relacionados con desahucios, embargos y violencia de género, entre otros asuntos, es una de las principales reclamaciones de la Junta de Personal de Juzgados. La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas y Xustiza informó ayer de que se sentará este mes con los sindicatos para "estudiar todas las posibilidades" que incrementen la seguridad de los funcionarios.

Los representantes de los trabajadores demandan, principalmente, atuendos que los identifiquen como agentes de la autoridad, pues son conscientes de la "dificultad de llevar a la práctica" medidas que garanticen la "total seguridad" de los empleados del servicio de notificaciones, quienes ante casos que prevén que sean conflictivos alertan a la Policía Nacional para que los acompañe y proteja.

La semana pasada una funcionaria fue agredida en Oleiros cuando intentaba verificar que la persona a la que se dirigía una notificación que tenía que entregar residía en una vivienda. Para ello, como es habitual al no responder nadie en su domicilio, timbró a un vecino, quien nada más abrir la puerta le propinó un cabezazo porque había "despertado a su hijo". La funcionaria cayó al suelo con las gafas rotas, donde le asestó patadas. El denunciado también golpeó el coche de la Xunta para tratar de impedir al conductor que saliese a auxiliarla. La Junta de Personal indica que la "brutal agresión" es "un caso aislado", pero advierte de que son frecuentes los insultos y amenazas.

Los representantes de los perjudicados demandarán a la Consellería de Xustiza que realice una evaluación sobre los riesgos laborales que sufren los afectados. "Corren peligro por el simple hecho de tener que estar en la calle", señalan. Solo en el partido judicial de A Coruña se entregaron el año pasado alrededor de 40.000 actos de comunicación de órganos judiciales civiles, penales, contenciosos y laborales.

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