La Xunta acepta entrar en la sociedad que diseña el Concello para transformar el litoral

Matiza que el Ayuntamiento debe definir la forma y "el peso específico con el que se llevará a cabo" - El Gobierno de Marea perfila el borrador de la entidad y encarga un estudio para cambiar los usos

12.09.2017 | 20:35
Muelles de Transatlánticos, Batería, Calvo Sotelo y Centenario. Al fondo, el dique de abrigo.

Mociones sobre la fachada marítima

  • Diciembre de 2015. El pleno municipal aprueba una moción para cambiar el planeamiento para los muelles interiores y que estos sea de manera "prioritaria" suelo público
  • Enero 2017. Tres mociones plenarias en el Concello. Que piden, entre otras cuestiones, que se repiense la financiación de punta Langosteira y se paralice la subasta de la Solana
  • Septiembre de 2017. La Cámara gallega aprueba una proposición no de ley para exigir financiación para el tren a Langosteira y una comisión "mixta" para transformar los muelles´

La Xunta dice sí a participar en la sociedad propuesta por el Concello que, inspirada en el modelo de otros desarrollos como el de la ría de Bilbao o el del puerto de Valencia, se encargará de la transformación del litoral coruñés de Batería a San Diego cuando queden liberados. Es un sí con matices. Quieren que el Concello defina la forma de la entidad o consorcio y "el peso específico" de cada uno de los actores que tomarán parte en ella. El alcalde avanzó, en una entrevista en Radio Coruña el fin de semana, que están ultimando los estatutos de este ente, en el que el Gobierno de Marea quiere que estén todas las Administraciones. Por otro lado, ha encargado un estudio para actualizar el planteamiento de la zona y un proceso de consultas para redefinir los usos que tendrá una vez derribados los muros portuarios.

Fue en febrero de este año la primera vez que el alcalde, Xulio Ferreiro, puso encima de la mesa de la Xunta esta "fórmula". Reunido con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le informó de que estaba articulando un proyecto para integrar a otras administraciones como la Xunta y la Diputación en el futuro de la fachada marítima y "trabajar de forma conjunta para buscar mecanismos que garanticen la titularidad pública" de los terrenos, un plan que el presidente declinó valorar hasta que le presentase algo más concreto.

El pleno municipal había aprobado en diciembre de 2015 por unanimidad una moción para revisar los convenios de 2004 con el Puerto, que pactaban los términos de su recalificación y posterior venta, con la que la Autoridad Portuaria pretendía financiar parte del coste de punta Langosteira. El Gobierno local, entendiendo que este pacto está "obsoleto" y fue firmado en un contexto socieconómico diferente, intenta frenar el planeamiento actual, que permite la privatización de terrenos y su despiece y venta para oficinas y hoteles de nueve alturas en la zona de Batería y Calvo Sotelo y más de cuatro mil viviendas en San Diego. La moción municipal sostiene que esta zona debe tener de manera "prioritaria" uso dotacional público tanto en la zona de Batería y Calvo Sotelo como en la zona de San Diego.

Esta unanimidad tuvo réplica el viernes pasado en el Parlamento de Galicia. La Proposición no de ley de En Marea, enmendada por el PP y aprobada con el voto favorable de todos los grupos, exige fondos al Ministerio de Fomento para el tren a punta Langosteira, solicita al Estado una quita de parte de la deuda que tiene la Autoridad Portuaria y insta a constituir una "comisión mixta" para negociar la modificación de los convenios vigentes.

Tres días después, el Gobierno autonómico asegura que cumplirá "con al voluntad del Parlamento de Galicia". "Desde la Xunta mostramos nuestra disposición a formar parte del consorcio", afirman en una nota de prensa enviada desde la Consellería de Mar, "no obstante entendemos que falta definir de qué manera y con qué peso específico se llevará a cabo". En este sentido, dejan la pelota en el tejado del alcalde coruñés y señalan que es "necesario" que se pronuncie.

Según avanzó Ferreiro este fin de semana en el programa de radio El coruñés opina, el Gobierno ha elaborado un borrador con lo que serían los estatutos de este consorcio, al que quieren que se sumen al menos Xunta y Gobierno central. El Concello pide que participen en el desarrollo de un "proyecto innovador" para garantizar la titularidad pública de los terrenos que queden desafectados con el traslado de la actividad a Langosteira. El regidor ya había reclamado la pasada semana a la Xunta que se comprometiese con ese consorcio y abandonase las "actitudes timoratas" con el borde litoral de la ciudad.

Queda ahora por tanto, entre administraciones con una relación poco fluida, negociar y consensuar cómo será la participación, aportación y cuota de poder de cada administración en el ente. En el caso de Bilbao, en el consorcio que se formó en la década de los noventa están Gobierno vasco (15%), Diputación de Bizkaia (15%), los ayuntamientos de Bilbao (15%) y Barakaldo (5%), la Autoridad Portuaria (10%), Adif (15%) y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (25%).

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