Los propietarios de las viviendas del edificio del número 13 de la calle San Roque de Afuera, reformado con una licencia de 2002 declarada ilegal, temen que la demolición a la que está obligado el inmueble por una resolución de un juzgado coruñés confirmada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sea total. El Ayuntamiento tiene que decidir si el derribo será íntegro o parcial y remitirá su propuesta al juez para que este "ayude a escoger la mejor forma de cumplir" el fallo judicial, señalan fuentes municipales.
Los dueños de los pisos, con la resolución de la Junta de Gobierno Local del 20 de octubre en la mano, interpretan que la demolición será total porque en su contenido no se matiza que haya que derribar una parte del edificio para reponer la legalidad, según manifiesta Francisco Mateos, el abogado que representa a la comunidad de vecinos.
Los afectados presentaron recursos de reposición individuales ante el Concello en los que solicitaron la suspensión cautelar de la sentencia y la validez de una licencia concedida por el Gobierno anterior del PP en 2015 para la legalización del edificio, que el juzgado de lo Contencioso-administrativo rechazó un año después. El Ejecutivo local inadmitió los recursos la semana pasada por no ser válidos en esta fase del procedimiento y continúa, "con un trabajo avanzado", estudiando la propuesta que enviará a la consulta del juez antes de tomar la decisión final sobre el alcance de la demolición.
El alcalde, Xulio Ferreiro, admitió en octubre que el Concello tratará de "ir de la mano del juzgado" para concretar una forma de derribo que sea lo menos traumática posible para los propietarios, que sería la demolición parcial a la que se agarran los vecinos. Si el Ayuntamiento plantea el derribo íntegro del inmueble, los afectados exigirán indemnizaciones por los daños patrimoniales y por los realojos a los que se verán obligados.
El letrado que representa a la comunidad insiste en la autorización concedida por el Gobierno municipal del PP en 2015 para legalizar las viviendas, y ayer exigió un "examen más determinante" de las vías de legalización y criticó al Concello por haber ido "demasiado deprisa". "En otros edificios que llevan años en los juzgados no se han tomado decisiones tan drásticas como la de echar de sus pisos a la gente", comentó Francisco Mateos.
El abogado reclama "examinar debidamente" la posibilidad de derribar los elementos irregulares del edificio, ya que en la parcela donde se ubica hay un garaje en el que están aparcados los vehículos de todas las viviendas de la manzana, a las que a su juicio no les debería afectar la sentencia judicial.
El juzgado requirió al Concello en octubre que certificase el estado de ejecución del fallo del TSXG y el Gobierno local le remitió un informe de urbanismo en el que certifican que el edificio ocupa toda la parcela en la que está construido, cuando solo podría ocupar el 70% en plantas superiores a la baja, y que los vuelos de la fachada sobresalen más de lo permitido. El documento concluye que para "proceder a la reposición a su estado original de la realidad física alterada" por las obras que amparó la licencia anulada por el Superior "solo cabe la demolición". El acuerdo del Gobierno local para aprobar la tramitación del derribo fue notificado a los propietarios, a quienes se les advirtió de que no podrían interponer recurso administrativo.
