15 de diciembre de 2017
15.12.2017

El Concello rechaza el recurso de los dueños y cumplirá la sentencia de derribo en San Roque

El Gobierno local desestima hoy la suspensión cautelar solicitada por los propietarios del edificio de viviendas reformado con licencia ilegal en 2002, sin concretar aún si la demolición será total o parcial

15.12.2017 | 14:30
Inmueble, en la esquina, del número 13 de San Roque de Afuera.

Claves

  • Sentencias. Un juzgado coruñés y el Superior dictan el derribo del edificio del número 13 de San Roque de Afuera por tener licencia ilegal y tener elementos que no se ajustan al plan general
  • Demolición. El derribo corresponde al Concello, que certificó al juez las irregularidades del inmueble en un informe pero aún no ha concretado si lo demolerá de forma total o parcial
  • Recurso. Los propietarios solicitaron la suspensión cautelar al Concello, que hoy la desestimará. Su abogado avanzó en octubre que si el derribo es total los afectados pedirán indemnización

El Gobierno local no admite el recurso de reposición interpuesto por los propietarios del edificio de viviendas del número 13 de San Roque de Afuera, para el que el Concello, en cumplimiento de una sentencia judicial que declara ilegal su licencia de reforma, prepara la demolición. El Ejecutivo cierra la puerta a la suspensión cautelar solicitada por los afectados, quienes, según su abogado, reclamarán indemnizaciones si se derriba el inmueble en su totalidad. El Concello ha iniciado la tramitación de la ejecución de las obras de derribo, aunque todavía no ha concretado si será íntegro o parcial. Los técnicos municipales han certificado que el edificio incumple el plan general por exceso de ocupación de la parcela y por los vuelos de la fachada que sobresalen

La Junta de Gobierno Local aprobará hoy la desestimación de los recursos de reposición presentados por los propietarios del edificio situado en el número 13 de la calle San Roque de Afuera sobre el que pesa una resolución judicial que obliga a su derribo. Con esta decisión, el Ejecutivo municipal no admite la suspensión cautelar solicitada por los vecinos y prosigue la tramitación de la ejecución de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo de 2012, confirmada por otro fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al año siguiente, que establece la demolición en el plazo de seis meses de un bloque de viviendas que fue reformado con una licencia ilegal de 2002.

El Gobierno local ha dado los primeros pasos para la contratación de la redacción del proyecto de derribo y para modificar las cuentas y obtener financiación para la obra, pero no ha determinado si la demolición será total o parcial. El abogado que representa a los propietarios, Francisco Mateos, adelantó en octubre pasado, que si el Ayuntamiento plantea el derribo íntegro del inmueble, los vecinos exigirán indemnizaciones por los daños patrimoniales y por los realojos. El letrado, apoyado en un permiso que le concedió el Gobierno anterior en 2015 para legalizar las viviendas, defendió la modificación del edificio para obtener una nueva licencia.

El juzgado requirió al Concello en octubre pasado que certificase el estado de ejecución de la sentencia del TSXG y el Gobierno de Marea le remitió el informe de los técnicos de urbanismo en el que certifican que el edificio ocupa toda la parcela en la que está construido, cuando solo podría ocupar el 70% en plantas superiores a la baja, y que los vuelos de la fachada sobresalen más de lo permitido. Ese documento concluye que para "proceder a la reposición a su estado original de la realidad física alterada" por las obras que amparó la licencia anulada por el Superior "solo cabe la demolición" del inmueble. El alcalde, Xulio Ferreiro, admitió hace dos meses que el Ayuntamiento "iría de la mano del juez" para concretar la dimensión del derribo.

El acuerdo tomado por el Gobierno local en octubre para aprobar el inicio de la tramitación de la demolición fue notificado a los dueños de las viviendas, a quienes se les advirtió de que no podrían interponer recurso administrativo. Los afectados presentaron un recurso de reposición solicitando la suspensión cautelar, cuya inadmisión aprobará hoy de nuevo la Junta de Gobierno Local en virtud de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

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