La carta enviada por el alcalde, Xulio Ferreiro, a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en la que hace mención a las obras de urbanización del parque ofimático causa una "gran indignación" a los promotores inmobiliarios con terrenos en ese polígono, agrupados en la asociación Ofimático 2010, quienes exigen al Concello que cumpla los compromisos contraídos con ellos en agosto de 2016.

El portavoz del colectivo, Juan José Yáñez, destaca que el regidor considera en la misiva que con la conclusión de los trabajos que permitirán ocupar las viviendas de las cooperativas se habrán cumplido los acuerdos alcanzados con todas las partes para reactivar la urbanización del ofimático, cuando en realidad no se ha realizado ninguna de las actuaciones que se les prometieron entonces.

Yáñez recuerda que el Gobierno local garantizó que se elaboraría un estudios de detalle, el proyecto de urbanización definitivo de todo el polígono, la modificación del plan parcial para excluir al margen derecho de Alfonso Molina y la zona de Adif, y la modificación de la reparcelación para adaptarla al nuevo plan parcial, trámites imprescindibles para que los promotores con suelo en la zona puedan iniciar sus proyectos inmobiliarios.

En agosto de 2016 se acordó la creación de una comisión de seguimiento del pacto que según Ofimático 2010 hace más de un mes que no se reúne, a lo que se suma la negativa municipal desde el pasado mes de octubre a mantener una reunión conjunta de todas las partes implicadas: Xunta -que posee la mitad del suelo del polígono-, cooperativas, promotores y Concello.

También se lamentan los promotores de que el Gobierno local no conteste a los escritos presentados a través del registro municipal o de que lo haga con evasivas a los formulados a título individual por los empresarios afectados.

Cuando el Concello anunció que dará las licencias de primera ocupación a las viviendas de las cooperativas en cuanto estén terminadas las obras de urbanización imprescindibles para otorgar esos permisos, Ofimático 2010 advirtió de que esa decisión podría suponer "graves responsabilidades penales y patrimoniales" de los políticos y funcionarios que la aprueben. Según los promotores, los trabajos que está a punto de terminar el Concello en el polígono no garantizan que los edificios de las cooperativas puedan ser habitados con las necesarias condiciones de seguridad.