Por vez primera la gran patronal, la Federación Española de Fútbol, y el sindicato, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), coinciden en sus deseos de convocar huelga. Ambas entidades tienen en común varios objetivos: el decreto ley sobre los contratos televisivos, las inspecciones de Hacienda y el cambio en la declaración de impuestos que modifica la cotización por los derechos de imagen.
En el entramado de querellas existe también la declarada enemistad de Ángel María Villar, presidente federativo, con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte. Villar está molesto por el hecho de que los dos últimos tienen mayor comunicación y la mayoría de las decisiones que se han dictado últimamente, tanto en lo que se refiere a la persecución de la violencia como al reparto de los dineros de la televisión, se han hecho sin contar con su aprobación. Más bien con su indiferencia y oposición radical. Hay celos mal reprimíos.
La Federación quería más dineros del reparto televisivo. El argumento está basado en que hay que apoyar más al fútbol modesto. El problema de fondo está en el hecho de que Hacienda está entrando a depurar las cuentas de todos los clubes de las categorías inferiores. Hay resistencia a admitir que se tenga en cuenta a los modestos entrenadores y preparadores físicos para la cotización en la Seguridad Social.
La Federación siempre ha manifestado resistencia a la auditoría de sus cuentas. La institución se sustenta, fundamentalmente, en los ingresos propios. Es decir, partidos de la selección, la venta de sus propios derechos televisivos y los patrocinios. Villar siempre ha creído que de esta partida, por no ser propia de los Presupuestos Generales del Estado, no tenía por qué dar cuentas a nadie. Fue una de las razones por las cuales llegó a renunciar a las subvenciones del Consejo Superior de Deportes porque de estas no tenía escapatoria.
El Decreto Ley no ha convencido plenamente porque, al final, aunque la diferencia de las percepciones se ha aminorado y no es el vergonzante capítulo anterior en el que Madrid y Barcelona se repartían la mayoría de los derechos. ahora, aunque la medida ya no es tan sangrante y anuncia que la desproporción disminuirá, Javier Tebas, ya había anunciado tiempo atrás, que había que favorecer a Barça y Madrid porque de esta forma seguirían fichando agrandes estrellas. Auténtica estupidez porque ello es menospreciar a los demás que, encima, también son sus votantes en la Liga.
La Federación no se esconde a la hora de anunciar sus discrepancias. Ha manifestado que se siente "ninguneada, despreciada e ignorada" y considera "actitud irrespetuosa la del Gobierno". Sería ironía del destino que dirigentes futbolísticos, gente conservadora, arremetiera contra el Gobierno del PP.
El cántico dedicado a la gran unión del fútbol nacional no ha tenido continuidad puesto que en la reunión de la directiva de la Federación hubo presidentes discrepantes sobre la medida de fuerza. Los representantes de Villarreal, Getafe, Tenerife y Valladolid se ausentaron. No son el núcleo del poder del fútbol profesional, pero son indicador de que ya hay disensiones internas.
Los futbolistas discrepan del reparto entre Primera y Segunda y protestan por que no se les haya incluido, en los casos de deudas, participantes en primera fila para cobrar. El decreto establece que Hacienda y Seguridad Social están por delate de los propios jugadores para cobrar de la bolsa de los derechos televisivos.
Junto a la nota del Consejo Superior de Deportes que entiende que se ha logrado un hito a favor de futbolistas y clubes, la AFE no olvida el hecho que entiende discriminatorio de que hay 20 equipos en Segunda B filiales de las sociedades profesionales y 16 de la división femenina también están en la órbita de los grandes. Considera el sindicato que están directamente beneficiados y, por el contrario, el resto está más a la intemperie.
