El impune caos gestor de la Liga en el que se ha elegido al Dépor como chivo expiatorio

Para los más avisados expertos en el tema, liderados por el economista José María Gay de Liébana, el gurú que aparece siempre citado en todos los informes publicados en la prensa española sobre las quebradas finanzas del fútbol nacional, la Liga tiene los días contados si no se pone en marcha un plan global para atajar el desastre que se avecina. Por mucho que algunos se empeñen en querer hacer ver un día sí y otro también que el endeudamiento es un problema que solo atañe al Deportivo. En las últimas semanas se han venido destapando además escandalosas gestiones que dejan en agua de borrajas cualquier comparación con las irregularidades detectadas en el club coruñés. Sin que a nadie se le acorrale con embargos ni se pida la menor responsabilidad, incluso por desastrosas gestiones que han cargado con todo descaro sus débitos a las arcas públicas.

Ante la incompetencia de la Liga de Fútbol Profesional y la inhibición de las autoridades deportivas nacionales para diseñar una salida ordenada a este caos, el fútbol español se está convirtiendo en una caja de Pandora de la que amenazan con brotar escándalos que pueden dar al traste con todo. El caso más paradigmático es la comunidad valenciana, en la que el Ejecutivo autonómico avaló en los últimos años 118 millones de préstamos solicitados por Valencia, Levante, Hércules y Elche a Bankia. Los créditos generosamente destinados a estos clubes por el público Instituto de Finanzas Valenciano, que ahora podrían repercutir en el erario de una comunidad ya endeudada hasta las cejas, permitieron camuflar hasta ahora su desastrosa gestión.

Esta deuda millonaria pende sobre los contribuyentes valencianos, tras una insólita operación que nacionaliza en la práctica el fútbol de esa comunidad, cuyo Gobierno pasa a ser el principal accionista de los cuatro clubes citados. Pero sus gestores no solo han salido airosos de este embrollo, sino que han sido premiados económicamente. Casi 90 de esos 118 millones prestados con aval público a los clubes levantinos corresponden al Valencia, máximo referente con el Atlético de la deuda del fútbol español con 360 millones, de los cuales una cuarta parte penden ahora del erario público. Pese a ello, su consejo de administración cobró en el ejercicio 2011-2012 una remuneración de casi 1.700.000 euros. El exvicepresidente Javier Gómez, fichado como asesor de la Liga de Fútbol Profesional, fue indemnizado con 700.000 euros.

Otro club valenciano que traspasó su deuda al gobierno autónomo por su incapacidad de pago, el Elche, es paradójicamente uno de los clubes que, pese a su catastrófica situación económica, figura entre los clubes que pujan por arrebatarle a Riki al Deportivo la próxima campaña. Los favores del poder público a los clubes de fútbol valencianos no se limitaron, sin embargo, a avalarles antes y asumir ahora millonarios créditos bancarios, sino que se prodigaron con otro instrumento del que se ha abusado en muchas ciudades españolas: la recalificación urbanística de terrenos deportivos.

Tres operaciones que ilustran la impune degradación del fútbol español fueron protagonizadas por Hércules, Villarreal y Valencia. El club alicantino pagó parte de su deuda a Hacienda con un crédito público de casi 20 millones, concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas, que ahora la insolvencia del Hércules carga a los ciudadanos valencianos. Con una mano se paga al fisco y con la otra se desvía el débito de nuevo a las arcas públicas. Pura ingeniería financiera. El Villarreal, por su parte, cobró en cinco años 20 millones públicos por publicitar en sus camisetas el aeropuerto sin aviones de Castellón. El Valencia pudo esquivar en 2009 el concurso de acreedores gracias a una ampliación de capital de 90 millones. Como el club apenas disponía de algo más de diez, los restantes 80 fueron prestados por Bankia con el aval público de la Generalitat valenciana a la fundación del club ché. Lo increíble de esta maniobra es que se canalizaron 80 millones a una fundación que declaraba unos ingresos de un millón al año. Ni se pudieron pagar los intereses, que ascendían a 6 millones anuales. Al final, el lío acabó con el Ejecutivo valenciano como principal accionista del Valencia, y ya se verá en los próximos meses quién y cómo se paga esta monumental factura. La descarada protección institucional que ha reinado en estos últimos años en el fútbol español va, sin embargo, mucho más allá de Valencia. Y no se ha detenido siquiera con la crisis. La Hacienda foral navarra ofreció a Osasuna un convenio con una generosa quita de su deuda fiscal de 40 millones y un relajado plazo de pago de más de diez años sin obligarlo a pasar por el trago del concurso de acreedores. El Deportivo pidió en octubre pasado lo mismo a Hacienda para no verse abocado a la incertidumbre de ese proceso y resultó embargado. La Hacienda foral vasca fue aún más generosa con la Real Sociedad, a quien no solo otorgó 30 años para pagar una de deuda de 11 millones, sino que le facilitó una línea de crédito por otros seis millones. La última inyección pública conocida al fútbol procede de Bilbao, donde el Athletic contará, pese a la crisis, de una ayuda de 60 millones liberada por el Gobierno vasco, la Diputación guipuzcoana y el Ayuntamiento de San Sebastián para la construcción del nuevo estadio de San Mamés. También en Cataluña y Madrid ha llovido dinero institucional. El Getafe ha venido disfrutando de una subvención anual de dos millones del Ayuntamiento, y tanto el Barcelona como el Espanyol se han embolsado tres millones anuales de la televisión catalana, derechos de Mediapro aparte.

Dando la vuelta al popular latiguillo con el que comenzaban las aventuras de Astérix, podría ironizarse: ¿Están todos los clubes del fútbol español bajo el manto protector y cómplice de las instituciones públicas? Prácticamente todos, salvo un insólito caso en el rincón del noroeste ibérico, donde los poderes públicos, por las presiones inconfesables de todos conocidas en la ciudad, lo han dejado a merced de los leones como víctima propiciatoria. Y donde una numantina afición resiste en solitario las amenazas de liquidación de sus colores.

Sí, liquidación. Esa es la terrible palabra que el juez concursal pronunció con toda claridad días atrás para alertar de la amenaza a la que se enfrenta el histórico club coruñés si no se negocia un acuerdo razonable con el núcleo duro de acreedores. Hacienda y la banca nada ganarían, por otra parte, con su desaparición, como también advirtieron el magistrado, que ha venido a llenar con su dramático llamamiento el vacío de los poderes institucionales, y los propios administradores concursales, que insisten en la viabilidad del Deportivo. Liquidación es también lo que diversos medios nacionales auguraron para el Dépor estos últimos días si no logra ese acuerdo que la mayoría de los clubes consiguieron en otras ciudades, gracias al decidido apoyo de las instituciones y los medios locales. "Dépor y Xerez pueden desaparecer", titulaba el suplemento Mercados de El Mundo este pasado fin de semana.

Mientras al Deportivo se le acorrala, reina una pasmosa impunidad y doble moral en una Liga arruinada que sigue destinando cantidades astronómicas a sus estrellas. "¿Puede el Atlético dejar de pagar 150 millones a Hacienda y pagarle cinco millones de euros a Falcao?", se preguntaba el citado diario. Si al Dépor se le hubieran dado las facilidades que otros clubes han disfrutado y siguen disfrutando, su situación seguramente sería ahora muy distinta. Es evidente que la gestión de sus dirigentes, criticada por los administradores concursales, deja mucho que desear, especialmente en transparencia, pero no lo es menos que sus irregularidades parecen menguar al compararse con el general cambalache y la impunidad reinantes en el fútbol español.

El Dépor está librando en estos momentos dos batallas por su supervivencia. Una se pelea en el campo, para salvar una temporada. La otra se fragua en los sinuosos laberintos del poder, para asegurarse el futuro. En ambas, como vaticinó el influyente economista Gay de Liébana a este periódico poco antes de la entrada en la ley concursal, será decisivo el empuje de la afición. Y está resultando ejemplar.