El Gobierno se sale por la tangente a la hora de responder una batería de preguntas parlamentarias sobre la investigación de los hechos que provocaron la muerte del hincha deportivista Francisco Romero Jimmy.
El Ejecutivo se limita a reproducir un breve y abstracto fragmento de la declaración del secretario de Estado de Seguridad en una comisión del Congreso el pasado 9 de diciembre, a pesar de que el senador socialista Javier Losada le plantea una serie de preguntas muy concretas que quedan sin responder.
Losada pregunta por el número de efectivos policiales activados por Interior el día del trágico partido en Madrid, qué medidas adoptó Interior tras ser informado por el responsable policial de seguridad en el fútbol en A Coruña del desplazamiento de seguidores radicales y en qué fecha se celebró la reunión preceptiva de Antiviolencia para preparar el encuentro Atlético de Madrid-Deportivo, así como la relación de asistentes y la decisiones adoptadas.
El Gobierno no responde específicamente a ninguna de estas cuestiones, sino que meramente remite a la citada declaración del secretario de Estado de Seguridad, efectuada mucho antes de que las investigaciones policiales desembocaran en las detenciones de los presuntos asesinos del Riazor Blues.
Esa declaración, más que una relación de datos sobre la investigación y las dudas y contradicciones planteadas sobre la cobertura policial, es una mera y general declaración de principios sobre la necesidad de erradicar la violencia de los estadios y de condena de grupos ultras que nada aporta sobre las circunstancias concretas y polémicas de los hechos que condujeron a la muerte del hincha coruñés.
"Los responsables de los hechos que se produjeron el pasado 30 de noviembre, en los que perdió la vida una persona, son las personas que participaron en la riña multitudinaria con ánimo de causar daños físicos y destrozos, practicando una violencia fanática y radical", se dice en la declaración.
El Gobierno elude responder a las preguntas concretas sobre la cuestionada falta de prevención policial en los incidentes que se saldaron con el asesinato de Jimmy.
"Para acabar con las conductas violentas en el deporte se necesita que todos los agentes involucrados estén absolutamente implicados, necesitándose especialmente de la colaboración activa de los clubes deportivos, cuya información es imprescindible para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan ejercer su trabajo con firmeza, eficacia y rigor", se limita a contestar el Ejecutivo.
Sin responder a las preguntas sobre qué información se envió desde A Coruña antes del partido, clave de la polémica, ni tampoco quiénes asistieron a la reunión preparatoria de Antiviolencia y qué medidas adoptaron.
Precisamente el propio Deportivo, así como el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Otero, fueron sancionados con fuertes multas hace unos días, pese a que está probado por la propia delegación del Gobierno en Galicia que se avisó a Interior del viaje de los Riazor Blues a Madrid.
El desproporcionado castigo de año y medio al presidente de los peñistas causó indignación entre la afición deportivista, al no existir ningun medida punitiva de ese tipo contra el Atlético de Madrid, a pesar de que al violento Frente Atlético se le invitó desde la presidencia del club rojiblanco a retornar a animar a las gradas del Calderón.
