La banca quiere limitar a 2.000 euros las decisiones vinculantes de Defensa del Cliente Financiero

La banca está tratando de rebajar la capacidad de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero de emitir dictámenes de obligado cumplimiento para las entidades financieras. En concreto, pretende limitar ese poder a los casos en que los clientes reclamen hasta 2.000 euros, en lugar de los hasta 20.000 euros que contempla el proyecto de ley del Gobierno. Así aparece recogido en las enmiendas que sus patronales han hecho llegar a algunos de los grupos parlamentarios que están tramitando esta norma, según confirman a este diario fuentes al tanto del proceso. El sector argumenta que el límite de los 2.000 euros permitiría cubrir en torno al 95% de las reclamaciones que presentan los clientes contra sus bancos.

No es la primera vez que la banca lo intenta. En las alegaciones que presentó al proyecto de ley que decayó el pasado mayo por las elecciones generales, la patronal AEB ya propuso al Ministerio de Economía rebajarla a 5.000 euros. Después defendió un límite aún menor. “La Ley de Enjuiciamiento Civil cifra en 2.000 euros el importe a partir del cual se exige abogado y procurador”, argumentó el secretario general de la AEB, Javier Rodríguez Pellitero, en febrero del año pasado en el Congreso.

El Banco de España comparte esa postura. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, apuntó también el año pasado en el Congreso que un límite de 1.000 euros cubriría “más del 90% de las reclamaciones bancarias”. Sus posiciones tuvieron eco en algunos grupos. PNV y PdeCat propusieron rebajar el umbral a 2.000 euros; el PP, a 1.000 euros; y C’s, a 6.000 euros. ERC, en cambio, planteó que todas las decisiones del organismo fueran vinculantes (como han defendido el Consejo Económico y Social y el Consejo de Consumidores y Usuarios) o, como alternativa, que lo sean hasta 100.000 euros.

El Ministerio de Economía, sin embargo, lo descartó entonces y lo volvió a descartar hace unas semanas, ya que las patronales bancarias defendieron la rebaja a los 2.000 euros el pasado diciembre durante el trámite de audiencia pública del nuevo proyecto de ley. La Autoridad, argumentó, tiene competencias sobre las reclamaciones de los clientes no solo de la banca, sino también del asesoramiento financiero y de inversión y de los seguros y fondos de pensiones. “Estos últimos servicios, por su naturaleza, pueden ser objeto de reclamaciones por un importe más alto”, ha defendido en la memoria normativa del proyecto.

Suscríbete para seguir leyendo