El goteo constante de nuevos inscritos en el censo emigrantes continuará a lo largo de este año. Sin embargo, el voto exterior no se disparará en el volumen previsto cuando se aprobó la reforma de la nacionalidad, en vigor desde diciembre de 2008 hasta finales de 2010 y prorrogable un año más si así lo acuerda el Consejo de Ministros. La directora general de Ciudadanía Española en el Exterior, la gallega Pilar Pin, rebajó ayer a 200.000 la cifra de hijos y nietos de emigrantes y exiliados que se acogerán a la nacionalidad, unos 57.000 de origen gallego.

Durante un acto celebrado ayer en la Fundación Caixa Galicia de A Coruña sobre un nuevo programa formativo para jóvenes residentes en el exterior, la responsable del Ministerio de Trabajo e Inmigración confirmó que no se ha producido el efecto avalancha que pronosticaban "las previsiones apocalípticas de algunos" y destacó que el proceso se ha llevado a cabo de manera "ordenada".

Con los resultados del primer año de la denominada ley de nietos, en el que ya se presentaron 161.463 solicitudes, de las que fueron aprobadas 81.715 -unas 25.000 de hijos y nietos de emigrantes gallegos, según cálculos de la asociación Hijos y Nietos de Españoles-, la directora de Emigración consideró que la cifra de posibles beneficiarios incrementará en un 20% la cifra de solicitudes presentadas el año pasado. En total, unos 32.000 nuevas peticiones que se sumarán a las más de 160.000 tramitadas en 2009.

Esta previsión tumba la hecha por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras la aprobación de la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica en materia de nacionalidad. Entonces, De la Vega cifraba en 500.000 los posibles beneficiarios de la reforma -unos 125.000 de origen gallego-. Estos cálculos ya reducían la previsión hecha meses antes por el Ministerio de Exteriores, que cifraba en 1,5 millones de hijos y nietos de emigrantes los afectados por la ley de nacionalidad, entre ellos 375.000 gallegos.

Con la última reforma de la nacionalidad, pueden optar a la ciudadanía las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español. La ley también reconoce a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Para ello se establece un límite temporal: sólo podrán optar a la ciudadanía los descendientes de quienes emigrasen entre 1938 y 1955. En este caso también están incluidas las nietas de mujeres emigrantes, que perdieron la nacionalidad al casarse con ciudadanos extranjeros. Esta discriminación fue corregida el pasado mes de noviembre con la aprobación por parte del Ministerio de Exteriores de una instrucción para evitar este "desfase" de las abuelas que perdieron la nacionalidad por razón de matrimonio o exilio. Pero fuera de esta reforma se quedarán los nietos de emigrantes que se fueran del país antes de 1936 o después de 1955 y que tuvieran que renunciar a la nacionalidad.

Enfrentamiento

Sobre las críticas del secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, a la política asistencial del Gobierno, Pilar Pin tachó de "salida de tono bastante agresiva" las declaraciones en las que afirmaba que la Xunta tenía que asumir competencias del Estado y "tapar las vergüenzas y carencias" del Ejecutivo de Zapatero con la emigración. "Ha roto los mínimos de cortesía institucional", sentenció la directora general de Ciudadanía Española en el Exterior en referencia a las declaraciones hechas por Camba el viernes tras la reunión que mantuvieron ambos en Madrid para coordinar las políticas migratoria. Por ello, emplazó a Camba a "diferenciar" entre las cuestiones asistenciales "propias de un Estado" y lo que calificó de "ayudas complementarias" de una comunidad autónoma que, en muchos casos -apuntó-, se trata de asuntos de cooperación. "Lo que no puede ser es que un Estado, frente a otro Estado, opere por cauces que no son institucionales", sentenció Pin.

Sobre la petición de los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE), la directora de Emigración cuestiona que su homólogo en la Xunta exija unos datos que están en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE).