La ola de incendios que asoló Galicia en agosto de 2006 trajo profundos cambios legales desde el punto de vista de la prevención. La ley aprobada por el bipartito en 2007 estableció una serie de nuevas obligaciones por parte de propietarios forestales y concellos, entre ellas, asumir la limpieza preventiva de montes, fincas e infraestructuras municipales para evitar que en caso de incendio se convirtieran en un polvorín. Para compensar este esfuerzo municipal, la Xunta habilitó dos líneas de ayudas con la condición de que se llegase a la campaña de verano con los trabajos completados. Este año, sin embargo, habrá más flexibilidad, hasta el punto de que Medio Rural permitirá ejecutar los trabajos de limpieza en vías y fincas municipales hasta el 30 de septiembre y todavía tramita con los concellos la firma de convenios de colaboración para desbrozar los entornos de núcleos habitados.

Esto significa que, en la práctica, habrá concellos que llegarán a la campaña de máximo riesgo sin todos los deberes hechos en materia preventiva, a pesar de que la ley de 2007 obliga a mantener limpias de maleza y especies pirófitas todas las fincas que rodean núcleos habitados y viviendas aisladas. A pesar de ser una obligación de los propietarios de estos terrenos, los concellos son responsables de forma subsidiaria de ejecutar estos trabajos para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como las de agosto de 2006, cuando el fuego amenazó casas y personas en más de un millar de ocasiones.

En el verano de 2007, el primero durante el que se aplicó la medida, 220 ayuntamientos suscribieron un convenio de colaboración con la Xunta mediante el cual la administración gallega se comprometía a sufragar parte de los gastos a condición de que los trabajos estuvieran terminados antes del 1 de junio. Las dificultades para organizar el trabajo y completar la limpieza a tiempo obligó a la Consellería de Medio Rural a autorizar una prórroga, que se prolongó hasta el 30 de junio, fecha en la que se declaró la campaña de máximo riesgo y a partir de la cual no se abonaron más ayudas.

En el convenio de este año, sin embargo, la Xunta establece como fecha "límite" para que los concellos puedan beneficiarse de las subvenciones el 30 de septiembre, es decir, tres meses más que durante el primer año de aplicación de la normativa. Desde Medio Rural admiten que la "época idónea" para ejecutar estos trabajos de desbroce son los meses "de junio y julio" ya que en primavera siempre se produce un "rebrote de la biomasa", pero "no habrá penalización" para los concellos que decidan posponerlos hasta la fecha límite. Además, añade que el objetivo es que estas zonas sensibles a los incendios permanezcan limpias "hasta el año que viene", por lo que adelantar en exceso las tareas no permitiría garantizar la durabilidad de sus efectos. No obstante, justifican la ampliación del plazo de ejecución hasta el final de la campaña de riesgo basándose en que "si surge alguna dificultad" administrativa o en la ejecución de los trabajos, los concellos "tengan tiempo suficiente para resolverlo".

En total, 209 ayuntamientos -77 en la provincia de A Coruña, 72 en Lugo, 53 en Ourense y 17 en Pontevedra- ya han suscrito el convenio para acceder a las ayudas para la limpieza de fincas y vías municipales, un capítulo dotado con 2,3 millones de euros pero que Medio Rural prevé ampliar en otros 850.000 euros. La Xunta deja libertad a los ayuntamientos para que realicen estas labores con medios propios, contratos eventuales o incluso empresas externas especializadas.

A cambio, los concellos recibirán 130 euros por cada hectárea forestal limpia, una cantidad fija y que desde la Fegamp ven "insuficiente" para cubrir los costes reales, que en algunos casos, dicen, ronda los 300.000 euros.

Los ayuntamientos con zonas de máximo riesgo de incendios, además, podrán acceder a una segunda línea de ayudas para acometer la limpieza, en este caso, de los entornos de los núcleos rurales. A pocos días de la campaña de verano -que suele arrancar a principios de julio- Medio Rural reconoce que el convenio arrastra cierto retraso a pesar de que, inicialmente, había manifestado que su intención era acometer estas labores durante el mes de mayo. Fuentes del departamento de Samuel Juárez explican que estos convenios "todavía no están cerrados" y no pueden precisar ni las condiciones ni el número de ayuntamientos que se adherirán.