El proceso iniciado por la Xunta para reducir la Administración paralela va camino de abrir un nuevo frente con los empleados públicos. La supresión de los primeros entes instrumentales ha obligado al Gobierno gallego a desarrollar la posibilidad prevista en la Lei de Organización e Funcionamento do Sector Público de Galicia y regular la integración en la Xunta del personal vinculado a sociedades y fundaciones en proceso de extinción. La falta de vacantes suficientes en la Administración, sin embargo, obligará a adjudicar a estos trabajadores plazas que ocupan ahora interinos y personal laboral temporal. Una posibilidad que rechaza la CIG, que acusa al Gobierno gallego de "emular" a la Junta de Andalucía y redactar una norma "trampa" que "se salta las reglas del juego" para hacer fijo a más de un millar de trabajadores "que solo tiene un vínculo jurídico con estas sociedades pero no con la administración".
El decreto al que se refiere reconoce el "derecho a ejercer la opción de integrarse como personal laboral de la Xunta" a los trabajadores que reúnan tres requisitos: tener un contrato laboral fijo, estar en activo, y tener la titulación exigida para acceder a un grupo y categoría equivalentes. El personal cuya solicitud sea aceptada ocupará "las vacantes de similares características" que existan en la Consellería de la que dependa el ente suprimido o, en su defecto, en otro departamento. Pero la carencia de "vacantes puras" en la Xunta (es decir, plazas existentes pero que no están ocupadas) obligará en la práctica a prescindir de interinos y temporales para hacer sitio al personal de los chiringuitos, gente con contratos fijos pero sin vínculos con la Administración. Además, el decreto garantiza que estos trabajadores conservarán su antigüedad y categoría laboral, siempre que acredite la titulación correspondiente.
Esta integración supondrá, en opinión de Fernando García, secretario nacional de CIG-Autonómica, el despido de funcionarios interinos y trabajadores temporales y la privatización de servicios públicos que desempeñaban hasta ahora estas sociedades instrumentales. "El sistema que plantea es rescatar los servicios públicos asumidos por estos entes pero en lugar de devolvérselos a la Xunta los traslada a otros chiringuitos o los privatiza. Y a sus trabajadores propone integrarlos como personal laboral fijo sin seguir las reglas de acceso al empleo público, lo que va a provocar que cientos de interinos se queden en la calle", aduce García, quien admite que hay que resolver este problema pero no "a costa de quitarle la plaza a gente que paga por entrar en una lista e incluso que "aprobó la oposición".
Aunque explica que la "oscurantista" información sobre las plantillas y la organización interna de los llamados chiringuitos hace muy difícil saber a cuánta gente afectará este decreto, basándose en datos del INE calcula que solo en las fundaciones trabajan más de un millar de personas. La opción de integrarse en el organigrama de la Xunta, con todo, no estará al alcance de todas. Los trabajadores temporales "se irán a la calle", aclara García, mientras que los funcionarios y el personal laboral fijo con plaza en la Administración "no perderán esa condición".
El problema real se plantea con el "personal propio", trabajadores que consiguieron un contrato indefinido tras superar los criterios de selección de cada ente público y que cuando se extingan se quedarán sin empleo. Por ello, considera que, "después de la bronca que montó el PP en Andalucía" por el escándalo de los funcionarios, en Galicia "los papeles están invertidos".
"Estamos de acuerdo en reducir los chiringuitos y en que este personal pase a la Xunta pero tienen que crearse nuevas plazas, no echar a los interinos", adujo Fernando García, que cree que la Xunta "utiliza a estos trabajadores para acabar con el problema del empleo temporal en la Administración y sacarse de encima el muerto de los chiringuitos". "Es una auténtica trampa que incidirá en la calidad del empleo público", añade el sindicalista Manuel Gallardo, quien avisa además de que el decreto ni siquiera es "garantista" para el personal de los chiringuitos porque deja su integración en manos de cada consellería, lo que a su juicio fomentará "las prácticas caciquiles".
