Si hay un conflicto judicial que exige una respuesta rápida y eficaz por parte de la Justicia es aquel en el que hay menores de edad implicados. Para agilizar la resolución de los asuntos de familia y aliviar la carga de trabajo de estos juzgados, desjudicializando aquellos procedimientos en los que sea posible, la Xunta, la Fiscalía y los Colegios de Abogados y Psicólogos de Galicia pusieron en marcha en el año 2009 en Santiago el primer servicio de mediación familiar de la comunidad. Tres años después de aquella experiencia piloto, el recurso a esta medida, pensada para resolver conflictos de forma amistosa, se ha generalizado tanto que hoy por hoy las familias que aceptan ponerse en manos de un equipo de mediación (40) duplican a las que lo hacían hace apenas un año (21).

A ello ha contribuido la puesta en marcha el pasado marzo del servicio de mediación familiar en Ourense, aunque, de momento, sigue siendo el juzgado de Santiago el que más casos propone tramitar por esta vía y en el que más acuerdos se logran en temas relacionados con divorcios, guardia y custodia de menores, pensiones o régimen de visitas. Según datos de las Consellerías de Presidencia y Traballo e Benestar, en el primer semestre de 2011 los jueces derivaron a la mediación 81 procedimientos de familia (62 en Santiago y 19 en Ourense), cifra que también duplica a la del primer semestre de 2010, cuando se derivaron 38 asuntos.

Pero la mediación no es una imposición, sino una alternativa a la tramitación judicial con la que deben estar de acuerdo todos los implicados. De los 81 casos derivados a los equipos de Santiago y Ourense, en la mitad (40) las partes aceptaron recurrir a la mediación; de ellas en 13 casos se logró un acuerdo sin necesidad de llegar a juicio y solo en nueve las negociaciones acabaron en fracaso. En cuanto a los 18 procedimientos restantes, todavía siguen en tramitación.

Aunque de momento solo la tercera parte de las mediaciones iniciadas en el primer semestre de 2011 acabaron en acuerdo, desde la Consellería de Presidencia esperan igualar el porcentaje de éxito de los dos años anteriores, en los que se logró resolver de forma amistosa más de la mitad de los casos. En 2009 el equipo de mediación intrajudicial de Santiago intervino en 24 conflictos familiares logrando 13 acuerdos, y durante el primer semestre del año pasado en 11 de los 21 casos que tramitó, consiguió evitar el juicio.

Estas cifras sitúan a Galicia como la comunidad en la que más acuerdos se logran en el ámbito de familia, duplicando prácticamente la media nacional, que se situó el año pasado en un 30% de acuerdos. Además, la Xunta defiende también la mediación familiar como garantía de una solución rápida en conflictos "que no pueden esperar por una sentencia", sobre todo, si hay menores de por medio. Lo habitual, de hecho, es que abogado y psicólogo logren poner de acuerdo a las partes en menos de un mes y la resolución nunca tarda, en todo caso, más de lo que duraría si siguiese el procedimiento judicial ordinario.

Pero a pesar del evidente éxito que ha tenido la mediación intrajudicial en Galicia, lo cierto es que el calendario que manejaban la Xunta y la Fiscalía para extenderla al resto de la comunidad no se ha cumplido y en estos momentos, tan solo Santiago y Ourense ofrecen este servicio. La idea inicial del Ejecutivo gallego era implantar la mediación familiar progresivamente a las siete ciudades. En julio de 2010, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, anunció la firma de un convenio similar al de Santiago para abrir una oficina de mediación en un juzgado de A Coruña, pero año y medio después las negociaciones para poner en marcha este servicio en la ciudad siguen estancadas.

Fuentes de Presidencia atribuyen el bloqueo del proyecto a "dicrepancias" entre la Xunta y el Colegio de Abogados coruñés sobre la "orientación" del servicio. No obstante, aseguran que no renuncian al objetivo de que A Coruña se convierta en la tercera ciudad en ofrecer mediación a las familias en litigio e insisten en que su "intención es extender esta medida lo máximo posible, siguiendo el ejemplo de Santiago".

A Coruña, sin embargo, no ha sido la primera ciudad en la que se estancan las negociaciones entre la Xunta y los letrados, una pata fundamental ya que los equipos de mediadores se componen precisamente de abogados y psicólogos. En el caso de Vigo, en cuyos juzgados de Familia se propuso implantar en 2010 la mediación intrajudicial, la negativa del Colegio de Abogados a colaborar en el proyecto impidió que cuajase y ni siquiera ahora, cuando se acaba de sumar a la petición el juez decano de la ciudad, parecen dispuestos a cambiar de postura. El decano de los letrados vigueses, Alfonso Álvarez, reconoce que no comparte esa "veneración" por un servicio que, dice, se convertiría en un "obstáculo" más para el trabajo judicial y retrasaría los procedimientos en marcha.

Con o sin el beneplácito de los abogados, la Xunta está decidida a apostar por los acuerdos entre las familias. Y es que en Galicia también funciona otro servicio de mediación, en este caso extrajudicial y dependiente de la Consellería de Traballo. En 2009, su primer año operativo, este equipo recibió 19 solicitudes de las que 14 acabaron en acuerdo y el año pasado de 17 peticiones, 11 tuvieron éxito. En el primer semestre de 2011 Traballo recibió 9 solicitudes: dos con acuerdo y el resto, todavía en tramitación.