Cangas se encuentra en el punto de mira. Mientras el Gobierno prepara la ampliación a todos los funcionarios locales de la jornada a 37,5 horas semanales, el concello pontevedrés mantiene para sus trabajadores un convenio que fija tan solo 30. La secretaria del Ayuntamiento, Berta Alonso, reconoce que "no sería ninguna novedad" ampliar la jornada, porque "la ley ya establece las 37,5 horas; otra cosa es que se aplique". En su opinión, los convenios municipales ya están sujetos a esa norma superior, si bien existen dudas sobre ello; de ahí, la decisión del Gobierno de Rajoy de incluir la reforma legal en los presupuestos generales del Estado.
Además, matiza que en la práctica "ya se dedican esas horas" en algunos departamentos locales, donde la carga de trabajo es elevada para el tiempo de oficina fijado. Esa opinión la corrobora Luis Martínez, trabajador de la asesoría jurídica municipal, donde se acumulan, entre otros, expedientes de reclamación de deudas y sentencias judiciales. "Es frecuente llevarse trabajo para casa o venir por las tardes para poder aliviar los asuntos pendientes y darle salida a todo lo que llega", sostiene. Valora "positivamente" el horario oficial y aboga por negociar con la plantilla cualquier cambio que se proponga, para que se aplique "por consenso".
Cangas, con una deuda de varios millones de euros, cuenta con una plantilla de 281 personas: 56 funcionarios, 223 de personal laboral y dos eventuales, según el plan de saneamiento económico financiero aprobado recientemente por el pleno. En ese documento, el Gobierno local aboga por cumplir los pactos con los representantes sindicales y no alterarlos unilateralmente, pero matiza la obligación de "responder a la actual crisis económica" con una serie de "medidas de control, organización, racionalización y reducción de los gastos en el ámbito de los recursos humanos que permita alcanzar un equilibrio de los gastos con los ingresos previstos".
El convenio vigente data de 1992 y fija "un máximo de 1.665 horas" al año, que no se cumplen en la práctica porque la jornada es de seis horas diarias, de lunes a viernes - de las que 25 minutos al día se reservan para descanso-, es decir, 30 horas. Además, se abre el Registro municipal los sábados cuatro horas por la mañana, que atiende un trabajador en régimen rotatorio. No hay máquinas de fichar. "Nosotros cumplimos el horario, aunque es verdad que la carga en algunos departamentos es menor ahora que antes, por la crisis", sostiene el presidente de la junta de personal, José Carlos Vilariño, que alude a que también los sueldos son inferiores.
"No es muy normal trabajar 30 horas a la semana, y menos aún en estos tiempos que corren, con la crisis acechando", opina la concejala de Personal, Lucía Lede, que "no ve mal" que se unifiquen los horarios en la Administración, "para que no haya discriminaciones y el reparto sea equitativo". Llegado el caso, aboga por "aplicar la ley.
Por su parte, el alcalde, José Enrique Sotelo (PP), tiene claro que cumplirán la ley una vez que entre en vigor, pero apuesta por el diálogo con la plantilla para evitar los problemas y justificar las decisiones. Eso sí, quiere centrarse en su plan de ajuste económico, algo de "más calado" que fijar el horario del personal de su consistorio.
