La continuidad de la planta de celulosa de papel que Ence tiene en la ría de Pontevedra dependerá de la Xunta. Solo podrá seguir en el actual emplazamiento si el Gobierno gallego le da el visto bueno. Y hasta el momento, el Ejecutivo de Feijóo no ha dado ninguna muestra de que Ence pueda mantenerse en la ría de Pontevedra más allá del año 2018, fecha en que concluye la actual concesión para la explotación de la planta de celulosa de papel.

La reforma de la ley de costas, cuyo anteproyecto fue analizado ayer en el Consejo de Ministros, incluye la prórroga por 75 años de la concesiones otorgadas a las instalaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, pero advierte de que no se trata de una prórroga "indiscriminada" para determinadas actividades, entre las que se encuentran las papeleras, porque éstas deberán contar con la aprobación previa del gobierno autonómico respectivo de cada comunidad.

"En el caso de las concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, la prórroga solo será concedida previo informe favorable del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación", se recoge en la reforma. El Ministerio de Medio Ambiente argumenta que en estos casos de actividades la protección del litoral tendrá prevalencia sobre la seguridad jurídica que supone la continuidad de las instalaciones y "podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles". De esta forma, la postura de la Xunta será determinante para decidir no solo el futuro de Ence, sino también de todas las actividades potencialmente perjudiciales para el medio ambiente que se desarrollen a orillas del mar. Desde la Consellería de Medio Ambiente se saluda este cambio en la ley de costas, pues, asegura, está en consonancia con lo que había demandado la Xunta, que no era otra cosa que se tuviera en cuenta su opinión para determinar la continuidad de las instalaciones industriales asentadas en el litoral de la comunidad.

La reforma de la ley de costas recibió ayer el varapalo de socialistas y ecologistas. El PSOE, a través de su secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, acusó al Gobierno de querer "privatizar las costas españolas y con ello burlarse del espíritu que la Constitución contiene de querer limitar la especulación urbanística del dominio público marítimo terrestre". A su juicio, la reforma de la ley de costas es un "auténtico monumento a la desprotección de los intereses públicos al servicio del enriquecimiento privado" y auguran que "desembocará" en un "océano de litigiosidad". Para Morán, "habría que tener en cuenta los estudios que hay en materia de cambio climático".

A los ecologistas -WWF, Seo/Bird Life y Ecologistas en Acción- les disgusta la ampliación de las concesiones a 75 años que propone el anteproyecto por el enorme daño al medio ambiente que dicha decisión supondrá. Ecologistas en Acción califica de privatización encubierta la reforma, que, afirman, supondrá el sacrificio del dominio público marítimo terrestre a la especulación urbanística y a los intereses privados.