La naviera pública Navantia se ha visto salpicada por una investigación judicial en Madrid contra dos ex altos cargos socialistas que habrían cobrado supuestamente comisiones millonarias por el convenio suscrito en 2005 con Venezuela para construir ocho patrulleros militares. Este gran contrato, de cuya ejecución se ocuparon íntegramente los astilleros de Cádiz, se fraguó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y según investiga la Justicia, previo pago de 43 millones de euros (el 3,5% del valor de la venta) a varios comisionistas venezolanos y españoles, según publicó ayer el diario ABC.
Por este motivo han sido imputados por tráfico de influencias y delito fiscal Javier Salas Collantes, presidente hasta 1996 del Instituto Nacional de Industria (germen de la actual SEPI, propietaria del 100% de Navantia), y su subordinado en dicho organismo, Antonio Rodríguez-Andía. Navantia habría firmado dos meses antes de suscribir el contrato con el Gobierno de Hugo Chávez un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding, a la que pagó una comisión de 42 millones de euros. Rebazve contrató por 12 millones a Rodríguez-Andía, quien a su vez acabó ingresando la mitad de esta cantidad en las cuenta de Salas Collantes. La empresa intermediaria, además, también repartió en su país una parte del dinero que facturó a Navantia.
