José Luis Álvarez Álvarez, el empresario asturiano que asegura haber sido el que destapó el caso Pokemon, actuó para recuperar el dinero invertido en la empresa Cechalva -la firma que tiene la concesión del servicio de grúa en Lugo- y su testimonio acabó siendo clave para desempolvar una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias con ramificaciones en varios ayuntamientos gallegos. Al menos esa es la versión del empresario: "He dejado alrededor de 100.000 euros en Cechalva y los voy a recuperar sea como sea. Lo que no puedo permitir es que me roben", advierte.

En base al testimonio de José Luis Álvarez, la punta de iceberg de este presunto caso corrupto podría haberse hecho visible a raíz de "unos movimientos económicos muy extraños" en las cuentas de Cechalva. El empresario asegura que en las arcas de la empresa faltan "alrededor de 120.000 euros" que fueron retirados del banco a través de cheques al portador firmados por uno de los administradores. Según su versión, Álvarez nunca recibió información sobre el destino de ese dinero y eso fue lo que le empujó a denunciar los hechos ante la justicia. "Él sacaba el dinero y a mí nunca se me dijo para qué. No sé lo que hacía con esas cantidades, lo único que sé es que ya no están y que a mí se me debe bastante, por eso voy a hacer lo que sea necesario para recuperarlo", reiteró José Luis Álvarez, que no quiso dar el nombre de la persona que presuntamente cobraba los cheques "al estar el caso bajo secreto de sumario", pero sí exculpó al asturiano Jorge Cecchinni. "El que lo hizo fue uno de los administradores de Lugo; Jorge en el caso de los cheques no tuvo nada que ver", mantiene. Por descarte, según el empresario, solo podrían haber sido Demetrio Arias o Manuel Santiso, ambos arrestados durante la operación.

José Luis Álvarez es cofundador de Cechalva junto con Jorge Cecchinni, pero lleva desvinculado de la empresa desde 2010. Asegura que al principio las cosas les iban bien, pero todo cambió después de hacerse con la gestión de la grúa de Lugo, por un canon anual fijo de 450.000 euros. La sede de la firma se trasladó a la ciudad gallega.

Asegura que los problemas comenzaron cuando entró en escena otro de los detenidos, el funcionario municipal de Lugo Javier Manuel Reguera Pérez, empleado de Vendex, la empresa que gestiona la ORA, la grúa y el servicio de limpieza de sedes municipales en Ourense. De la mano de Reguera entraron en Cechalva el constructor Manuel Santiso y su cuñado Demetrio Arias, y entonces comenzó el conflicto. "Ahí empezó a funcionar una 'caja B", apunta.