"Estamos de primeros, sí, no hay problema". Vendex, el entramado empresarial con concesiones de la ORA, la grúa, atención a mayores, limpieza de colegios, de oficinas municipales y de basura en las siete ciudades gallegas y otros concellos de mediano tamaño de las cuatro provincias, mostraba una peculiar forma de optar y, en muchas ocasiones, ganar los concursos públicos municipales. Según fuentes de la investigación, el personal de la propia empresa estaba en contacto con funcionarios y cargos públicos en procesos de adjudicación.

Este hilo directo, del que existen pruebas tanto auditivas como visuales, de encuentros en cafeterías, comidas y hasta visitas a los despachos de casas consistoriales, permitía a Vendex controlar en todo momento en qué situación estaba la oferta presentada por el grupo frente a sus competidoras en el camino hacia la adjudicación del servicio. La compañía clave en el entramado de Pokemon, junto a otro pilar básico para la investigación del caso como es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en la etapa de Francisco Fernández Liñares (enviado a prisión provisional), tenía su modus operandi, hasta el punto de que la investigación del caso baraja pagos en metálico del 10% (a veces más), calculado sobre el importe total de cada concurso, por parte de cargos de Vendex a políticos. ¿Para qué? Para conseguir una concesión o para renovarla. Eso, en alguno de los casos en que Vendex conseguía la adjudicación, que no era siempre. Por ejemplo, en el Concello de Ourense, ganó la ORA, la limpieza de dependencias pero resultó descartada en la limpieza de colegios (que ganó Linorsa), limpieza de interiores, basuras o jardinería.

Lo que ha trascendido de la investigación sobre el método Vendex es la habilidad del grupo para intercambiar documentación concursal con cargos públicos y funcionarios. Fuentes del caso aseguran que personal de Vendex, encargado de negociar contratos e incluso de establecer tomas de contacto con las piezas clave para las concesiones en cada concello, conocían la valoración de las ofertas que se presentaban al concurso (de las demás participantes) antes de la adjudicación del mismo. Es más, incluso, desde el momento de la obtención de esa información sería posible para la empresa hacer cambios en su propia oferta para ganar puntos. En alguna ocasión, según la investigación, se llegó a paralizar un proceso de adjudicación, supuestamente porque en ese momento Vendex no sería la más aventajada para ganar dicha concesión. Y en este intercambio de datos en teoría confidenciales en todo contrato público no solo participarían políticos, sino también funcionarios vinculados a la redacción de los pliegos de condiciones. Entre la presentación de la oferta técnica y la económica, con un espacio temporal en medio, también habría habido encuentros para seguir la evolución del procedimiento, así como consejos a los propios encargados de la redacción del concurso para ajustarlo o aproximarlo a los intereses empresariales. En determinados concursos, la contratación acabó siendo "a la carta".

Los pinchazos telefónicos relativos a los procesos concursales llevados a cabo por la juez Pilar de Lara serían cruciales para vincular al grupo empresarial, con funcionarios, agentes de la policía local y políticos tanto de Ourense, como de Lugo, Santiago o Boqueixón, con regidores como Francisco Rodríguez o Adolfo Gacio imputados por cohecho y prevaricación.