El anuncio del presidente electo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para convertir en funcionarios a 6.000 empleados laborales de la administración autonómica ha sentado bien en los sindicatos de función pública. Todos dan la bienvenida a una medida "largamente demandada" ya que implica dar "más estabilidad" a los empleados públicos. Eso sí, se muestran cautelosos hasta que no se materialice. "El hecho de que la administración cuente con tanto personal laboral es por una perversión del sistema, ya que la ley dictamina que esta debe nutrirse de funcionarios", explica José Sánchez Brunete, de CSIF. "Pero fueron cubriendo puestos con empleados laborales y se ha creado una disfunción", pero entienden "que debe ser siempre voluntaria", advierte.

María Carme López Santamariña, de la CIG, puntualiza que el sindicato aún no ha valorado la incidencia de esta medida. En todo caso, destaca que la central nacionalista la había reclamado "desde hace mucho", pero se mostró cauta a preguntas de este diario ya que los populares "tampoco modificaron el Estatuto Básico del Empleado Público" en la pasada legislatura y, en su opinión, el anuncio de Feijóo le parece "algo puntual y político, por ahora". El responsable de Función Pública en Comisiones, Ramiro Otero, reconoció su "sorpresa" por la intención del Gobierno de Feijóo y condicionó a que se lleve a cabo "salvaguardando siempre los principios de mérito y capacidad".

La vía mediante la cual la Xunta pretende acometer esta funcionarización es con la redacción de una ley de función pública, que Feijóo avanza que se promulgará "a mediados de legislatura". En cuanto a su encaje legal, los sindicatos CIG y CSIF no creen que tenga problemas. "Esto ya se hizo en otras administraciones, sobre todo con cuerpos especiales y empleados laborales muy técnicos, como los biólogos, para los que se realizaron procesos de acomodación especiales", recuerda Santamariña.

En este sentido, Brunete asegura que una sentencia del Tribunal Supremo (de febrero de 2007) equipara plenamente los derechos del personal laboral fijo al de los funcionarios. "Debería ser así, crear un catálogo de puestos para realizar esta conversión y someter a los empleados públicos a la ley específica que rige a los funcionarios" (el personal laboral se rige por la legislación laboral ordinaria). Eso sí, insiste en la voluntariedad de la medida.

Según explica la representante de la CIG en la administración, "antes había muchas diferencias a nivel retributivo entre funcionarios y personal laboral", y estos últimos se rigen por un convenio distinto. "Ahora es muy parecido", por lo que descartan que la conversión de los 6.000 trabajadores fijos en funcionarios vaya a suponer un incremento del gasto público.

"Parece una medida que busca estabilizar a los trabajadores públicos, aunque otros como los temporales o los laborales indefinidos todavía siguen en un limbo", lamenta Santamariña.

Para Brunete es un punto de inflexión para "muchas personas", ya que podrían quedar al margen del nuevo real decreto que permitirá despedir a personal laboral de las administraciones por causas económicas.

"Con las medidas que el Partido Popular está tomando a nivel estatal choca un poco que hagan esto", desconfía Otero.