La reforma penal de diciembre de 2010 en materia de Tráfico ha dado un balón de oxígeno a las arcas del estado. Los datos así lo revelan. Los condenados por delitos en carretera prefieren rascarse el bolsillo que hacer al menos 31 jornadas de labores sociales limpiando jardines o cunetas o asistiendo a talleres de seguridad vial. "A pesar de la crisis económica, en un 78% de los supuestos el condenado opta por la multa en lugar de los trabajos en beneficio de la comunidad", detalla el fiscal de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil.

Con la reforma que entró en vigor en diciembre de 2010 se da carpetazo al cambio legislativo impulsado hace cinco años para los delitos de tráfico, por el que se establecía que la condena a multa llevaba aparejada obligatoriamente una pena a servicios sociales. Desde hace dos años, los condenados por delitos de tráfico se enfrentan a tan solo una única vía de sanción: multa, tareas sociales o prisión. Para la práctica totalidad de los delitos que se cometen en la carretera queda la opción de entre 31 y 48 días de tareas comunitarias o entre ocho y 24 meses de multa, cuya cuantía se fija en función de la nómina del infractor -pueden ir de los dos euros diarios a los 30-. La cárcel tan solo se aplica para los casos más graves -homicidio o lesiones graves-.

En 2010, los gallegos pagaron 42,9 millones por sanciones de tráfico, un 55% más que el año anterior. En 2011, la recaudación de la Dirección General de Tráfico se mantuvo prácticamente igual que el ejercicio anterior, aunque en el caso de A Coruña, los ingresos por sanciones de tráfico aumentaron un 7,2%.

Desde la reforma penal en materia de tráfico de 2007, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico ha intensificado el seguimiento a los conductores infractores que acumulan tres o más sanciones en carretera. Agentes en vehículos camuflados siguen cada desplazamiento de los más multirrencidentes al volante. Con este plan de seguimientos especial, la DGT trata de garantizar que el automovilista condenado no conduzca durante el periodo que el juez le retiró el carné.

La lista de conductores temerarios que maneja la Guardia Civil incluye tres elementos fundamentales para hacer esta vigilancia: identificar al infractor, modelo de vehículo y número de placa y domicilio. En los controles rutinarios y durante las campañas de alcoholemia, velocidad o uso del cinturón y del móvil, a los agentes no se les escapa prácticamente ninguno de los conductores con varias infracciones graves. Al estar delimitada su zona de servicio, los guardias civiles conocen a los automovilistas más temerarios de la localidad y su vehículo. Cada vez que interceptan a uno, saben si tiene antecedentes por conducir ebrio, pisar más de lo debido el acelerador e incluso si se le ha retirado el permiso de conducir.