No son villas ni caseríos. La práctica totalidad de las miles de viviendas en suelo rústico amenazadas por la excavadora son casas unifamiliares levantadas hace décadas "con los ahorros de muchos años de trabajo", según aseguran sus propietarios. Aunque la Xunta se resiste a regularizar la situación de las edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo, los dueños afectados no tiran la toalla y urgen a la Xunta que busque alternativas para evitar que "miles de familias" se queden sin hogar. "Somos gente humilde, muchas casas aún están con el ladrillo, ni se le ha dado la cal por fuera. Lo único que pedimos es que se busque una fórmula para evitar la demolición", defiende un propietario afectado. Entre las fórmulas que podría aplicar el Ejecutivo gallego, según apuntan, está el decreto que la Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo día 1 de marzo y con el que prevé legalizar unas 250.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable.

"No se trata de una amnistía general, será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciado a solicitud de cada propietario", argumentó el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), al anunciar este decreto el pasado mes de diciembre.

Ese es precisamente el modelo que piden los afectados en Galicia. Y a la espera de que la Xunta evalúe a la posibilidad de desarrollar un decreto para regularizar las miles de viviendas levantadas hace décadas en suelo rústico y sobre las que pesa un expediente de derribo, los afectados en la comunidad piden al Ejecutivo autonómico que se paralicen las órdenes de demolición en aquellos concellos que ya han iniciado los trámites para aprobar su plan general de ordenación municipal. "La aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos permitiría legalizar más del 95% de las viviendas afectadas", asegura un propietario.

"Si quieren se puede hacer, ejemplos los hay en otras comunidades y también en el Gobierno central", destaca otro afectado que echa mano de la reforma de la ley de costas acometida por el Ejecutivo de Rajoy en octubre del año pasado y que permitirá indultar miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años. Esta ampliación de las concesiones de uso de dominio público, que empezaban a caducar en 2018, permitirá a los dueños vender los inmuebles y hacer reformas siempre que no aumenten de altura ni volumen.

A pesar de que la Xunta ya manifestó su rechazo a dar moratorias de derribo en los concellos sin PXOM, tal y como aseguraron desde la Consellería de Medio Ambiente, los dueños de viviendas ilegales en Galicia no se dan por vencidos y esperan que el Ejecutivo gallego les de una solución. "Han sido muchos años de trabajo y sacrificio para que vengan ahora y nos tiren nuestra casa", se lamenta un propietario de una vivienda levantada en suelo rústico.

Prácticamente ningún ayuntamiento gallego se salva de la amenaza de la piqueta. Desde Foz hasta A Guarda. Las excavadoras de la Xunta recorren Galicia de norte a sur. Uno de las últimas órdenes de derribo dictados por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, afecta a una casa unifamiliar del municipio lucense de Becerreá. Desde que el mes pasado se ordenó el derribo, los vecinos hacen guardia para evitarlo e incluso están coordinados para tocar las campanas de la iglesia en señal de alerta por si intentan ejecutar la demolición.

"No dudamos en movilizarnos como ellos si vienen a derribar nuestra vivienda", advierte un propietario. "En pleno siglo XXI -aseguran- las campanas de la iglesia de muchos ayuntamientos empezarán a repicar (por la llegada de técnicos de la APLU), tal y como se hacía entre los siglos XV y XVII para alertar a la población de la llegada de los piratas berberiscos".