Unas 200 personas han participado este jueves en la manifestación convocada en Vigo por los sindicatos de la Administración de Justicia en contra de la reforma de los registros civiles, cuyas atribuciones pasarán a los registradores de la propiedad. Las protestas se han llevado a cabo en otras localidades gallegas para denunciar también que la medida supondrá una "privatización" y provocará que los ciudadanos tengan que pagar para realizar determinados trámites.
En declaraciones a los medios, la presidenta de la junta de personal de la plantilla judicial viguesa, Mercedes Vázquez (CC.OO.), recordó que la mayoría de certificaciones que se expiden en los registros son para "cosas cotidianas" y denunció que, con la reforma, "a partir de ahora será un negocio para los registradores de la propiedad" los cuales, según apunta, han visto reducidos sus ingresos al reventar la "burbuja inmobiliaria" y cobran según los aranceles que recaudan.
La representante de los trabajadores advirtió de que la mayoría de los certificados tendrán un precio de entre 10 y 40 euros, si bien hasta ahora eran gratuitos y, además, indicó que la reforma llevará a que algunos de los registros desaparezcan, pues solo se dará el servicio en capitales de provincia y ciudades importantes.
En ese sentido, criticó que los ciudadanos de pequeñas localidades no solo sufrirán el hecho de que las certificaciones "dejen de ser gratuitas", sino que además deberán "desplazarse" a otras poblaciones para conseguirlas.
En el ámbito laboral, afirmó que serán 200 los trabajadores afectados en la comunidad, de los cuales 17 están en Vigo. Vázquez ha defendido la labor de este personal afirmando que se trata de personas "muy cualificadas", mientras que, a su juicio, los registradores de la propiedad "no están cualificados" pues no han superado una oposición para esta actividad concreta. De igual forma, destacó la condición de los funcionarios públicos que actualmente desarrollan este servicio como "servidores de la ciudadanía".
Los manifestantes se reunieron sobre las 11.30 horas ante los juzgados de la viguesa calle Lalín y, desde allí, salieron en manifestación hacia la zona de Traviesas. Muchos de ellos llevaban camisetas reivindicativas, pancartas y, además, varios gaiteros acompañaron la movilización con su música.
Servicio público
Por su parte, el edificio de los juzgados de Pontevedra acogió este jueves el primer acto de protesta de los funcionarios contra el anteproyecto de ley de la reforma integral del Registro Civil, ya que consideran que supone "la privatización de competencias" que hasta ahora eran gratuítas para "todos los españoles".
Manuel Valle Alonso, portavoz del sindicato CSIF, habló en nombre de todos los sindicatos con representación en los juzgados pontevedreses, que se han constituido en plataforma única, para señalar que "todos están unidos" y reclaman "que se mantenga el servicio público, que es de todos".
La protesta estaba convocada a las puertas de los juzgados de A Parda y reunió a entre 60 y 70 trabajadores, que contaron con el apoyo del juez decano de Pontevedra, Ignacio de Frías Conde, y con representantes de sindicatos como UGT, CIG, CSIF, USO y STAJ.
El fuerte viento que soplaba en la zona les llevó a refugiarse en los soportales del propio edificio judicial y, a continuación, a llevar la protesta al interior de los juzgados, justo delante del Registro Civil, que permaneció cerrado durante más de media hora.
Allí, los concentrados pidieron la implicación de los ciudadanos en sus reivindicaciones, pues aspiran a que "la ciudadanía sea consciente de que afecta a todos". "No solo hablamos del Registro Civil, sabemos que va a haber más servicios como, por ejemplo, los trámites que haces cuando pides una hipoteca o contratas un seguro de vida", avisan.
Los sindicatos reprochan que los únicos trámites que seguirán siendo gratuitos si el anteproyecto de ley sigue adelante y el Registro Civil pasa a manos de los registradores de la propiedad, son las partidas de nacimiento y defunción. "Pero durante toda la vida de una persona tenemos 50.000 trámites por los que vamos a pagar", han sentenciado.
