La operación Pokemon vuelve a salpicar al Concello de Santiago. El último tocado por la juez que investiga una trama de concesión de contratos de obras y servicios municipales a cambio de favores es el concejal de Deportes, Adrián Varela, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Varela es el número 13 de la lista de cargos públicos encausados en la comunidad por la instructora del caso, Pilar de Lara, entre ellos cinco alcaldes -Santiago (PP), Lugo (PSdeG), Ourense (PSdeG), Boqueixón (PP) y O Carballiño (PP)-, el exregidor Gerardo Conde Roa, que en abril del año pasado abandonó la Alcaldía tras su imputación por un delito de evasión fiscal, y otros dos ediles del Concello compostelano, Rebeca Domínguez (Educación) y Albino Vázquez (Seguridad), este último dimitió hace tres meses. A esta lista negra se suma la imputación del edil de Obras de Santiago, Juan de la Fuente, por falsificación de facturas. En total, ya son cuatro los miembros del PP de Santiago bajo la sombra de supuestas tramas de corrupción: un tercio de los 13 miembros del equipo de gobierno local.
Con la imputación del edil de Deportes, que tendrá que prestar declaración el próximo día 17 de junio, el Concello de Santiago está en el punto de mira, no solo de la oposición, sino también del propio PP. En tan solo un año, el Ayuntamiento de Compostela ha pasado de ser una de las joyas del poder municipal del PP -ya que los populares lograron hacerse con la Alcaldía tras treinta años de dominio socialista- a un auténtico vía crucis que ha llevado al PSdeG a pedir la "renuncia" del alcalde, Ángel Currás, y al Bloque a exigir la convocatoria de elecciones municipales. Hasta el momento, ya son seis los cargos y excargos públicos en el Concello de Santiago imputados -cuatro en la Pokemon (el alcalde, el exregidor, la concejal de Educación y el edil de Deportes), uno en la operación Manga (el ya exconcejal de Seguridad), y el edil de Obras por supuesta falsificación de facturas.
La imputación del concejal de Deportes está relacionada con las contrataciones realizadas por su departamento. Ayer, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se personaron en las dependencias de Contratación del Concello de Santiago para llevarle la documentación vinculada con contratos de la Concejalía dirigida por Adrián Varela. La información requerida es la relativa a contratos de esa Concejalía con la empresa Sermasa, una de las firmas del Grupo Vendex, epicentro de la trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesión de servicios públicos y renovarlas.
Esta documentación completa el "volcado" de información del pasado mes de marzo y la solicitada un mes antes, cuando los agentes de Aduanas también se personaron en las dependencias municipales para practicar varios registros y hacerse con expedientes de Tráfico, Contratación e Informática, así como de la Secretaría del Ayuntamiento.
La citación judicial del edil de Deportes de Santiago se conoció días después de que otro concejal del equipo de Gobierno de Currás, Juan de la Fuente, fuese imputado por el juez José Antonio Vázquez Taín por falsificación de facturas.
Minutos antes de que trascendiese la imputación de Adrián Varela, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconocía su "preocupación" por las distintas actuaciones judiciales llevadas a cabo en las ciudades gallegas y en el caso concreto de Juan de la Fuente (el último caso en su partido del que hasta ese momento se tenía constancia) dejaba en sus manos la decisión de dimitir o no. Desde el PP, según reiteró Rueda, "se tomarán las decisiones aplicando los estatutos en función de las decisiones judiciales".
En la misma línea, la portavoz del PP gallego y exconcejal en Santiago, Paula Prado, defendió la labor de Gobierno de Compostela y reiteró que "imputado no significa ser condenado".
Ya conocedor de la imputación del edil de Deportes, el alcalde de Santiago apeló a la presunción de "inocencia" y reconoció que el goteo de imputaciones sobre su equipo de gobierno, entre las que se encuentra él mismo, "sí, efectivamente, afecta". "Pero seguimos trabajando todos en resolver los problemas de la ciudad", añadió. "Parto de la presunción de inocencia de todos mientras no se demuestre lo contrario", concluyó.
Desde el PSOE compostelano, su portavoz, Francisco Reyes, reclamó al alcalde que "renuncie" a su cargo al estar "superado por las circunstancias", mientras que el edil del Bloque Rafael Vilar reclamó la convocatoria de elecciones municipales ante la situación "insostenible" del Consistorio. Por su parte, Esquerda Unida pidió la dimisión de todos los cargos imputados en casos de corrupción y criticó el "escándalo continuado" en la capital gallega.
En la actualidad, los tentáculos de la operación Pokemon y su segunda fase, denominada Manga, se extiende sobre 13 ayuntamientos gallegos: además de Santiago, Lugo, Ourense, Carballiño, Boqueixón, Ordes, Valdoviño, Ortigueira, Cedeira, Bergondo, Marín, Ponte Caldelas y Cospeito.
La lista de cargos imputados en las dos supuestas tramas asciende ya a 13: a los cinco imputados en Santiago se suman la del ya exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); el regidor de Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG); su homólogo en O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), el exconcejal socialista de Urbanismo en Lugo Francisco Liñares; el ya exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), el ya exedil del BNG de Ourense Fernando Varela, el concejal del PSOE de Cospeito Manuel Ángel Pico y la primera teniente de alcalde de Ordes Silvia Marín (del grupo independiente Unión por Ordes).
